La crisis en el seno de la Corte Constitucional, que todos los días –después de más de un mes continuo- se sigue alimentando con nuevas noticias, denuncias  y opiniones en los medios de comunicación, parece no tener fin.

 

Tengo la impresión de que, más allá de las mutuas denuncias, denuestos e improperios entre los magistrados, hay algo más de fondo: se ve venir una andanada contra la acción de tutela, contra la Corte y contra la Constitución de 1991. El proyecto de acto legislativo sobre equilibrio de poderes  no parece que suministre la solución a la crisis en curso, entre otras razones porque no puede cambiar las reglas para los procesos ya iniciados, ni las medidas que allí se adopten pueden ser aplicadas con retroactividad (es decir, a hechos anteriores a la vigencia de la reforma), al paso que los protagonistas del caso se muestran más interesados en sus específicos intereses procesales que en el porvenir institucional de la más alta corporación judicial de la República.

 

Claro está. Los enemigos externos de esas instituciones -que los hay muchos- se han frotado las manos muy contentos. Después de veintitrés años de intentos inútiles, porque el pueblo se identificaba con la Constitución, con la acción de tutela y con la Corte, y las defendía, hoy las cosas son muy distintas. La desilusión, el descrédito, la pérdida de respeto y de confianza, hasta la rabia de muchos ciudadanos tienen por blanco al tribunal que hasta hace poco despertaba no solo la simpatía sino las esperanzas de muchos colombianos.

 

A los enemigos de la Corte Constitucional y a los contradictores del nuevo Derecho –ese que ella puso en vigencia con un formidable cuerpo de jurisprudencia y de doctrina-  les ha sido entregada su cabeza  en bandeja de plata, y -lamentable paradoja- por los propios integrantes de la Corporación. Obviamente: sin un escándalo tan gigantesco como este, era imposible derruir el edificio. La Corte Constitucional de hoy es altamente vulnerable, y su destrucción es muy posible. ¿Se dan cuenta los magistrados?

 

Es esencial que se respete y haga valer  el debido proceso de los implicados en faltas disciplinarias o en delitos, pero por causa de esos procesos los magistrados no se pueden llevar de calle a la Institución. Su respetabilidad y dignidad no puede seguir siendo lacerada. Una cosa se debe separar de la otra.

 

El porvenir y la intangibilidad de la Corte, como institución, prevalecen sobre sus pasajeros miembros.