La alocución televisada del Presidente Juan Manuel Santos estuvo bien orientada, con sólidos argumentos desde el punto de vista de las relaciones entre Colombia y Venezuela y desde la perspectiva de los Derechos Humanos.

 

Manifestó el Presidente –y en ello tiene razón- que Colombia debe agotar todos los medios y procedimientos que le ofrece el Derecho Internacional, y que el hecho de que en la Organización de Estados Americanos OEA –que es el foro natural en donde se ha debido exponer la actual situación- no se haya obtenido la reunión de cancilleres solicitada, no debe desalentar a nuestro gobierno, y que hay otros instrumentos a los cuales recurrir.

 

Parece lógico y razonable que se haya decidido no acudir a UNASUR, pues ya se sabe cuál va a ser la actitud de los países que la integran, los cuales ya se pronunciaron en la OEA, en contra de Colombia.

 

Muy importante el anuncio acerca de la intención del Fiscal General en el sentido de formular demanda ante la Corte Penal Internacional por los hechos en la frontera, que implican –como lo hemos visto- la violación de Derechos Humanos en el curso de delitos de conocimiento de esa corporación.

 

La posición de Colombia, si no se examina con el criterio político que prevaleció en la reunión de embajadores de la OEA, está muy bien sustentada desde el punto de vista jurídico, con numerosas pruebas sobre los abusos en que han incurrido tanto el gobierno venezolano como los miembros de la guardia bolivariana, la discriminación por razones de nacionalidad, la vulneración del debido proceso y la presunción de inocencia, las vías de hecho que se han repetido en estos días, las irregulares deportaciones, la separación forzada de las familias, la vulneración abierta de los derechos de los niños, la aplicación de medidas tan vergonzosas como la de marcar y derribar las casas de los colombianos, los daños causados a las personas y a los bienes, que generan responsabilidad patrimonial del Estado venezolano. En fin, motivos hay muchos para que los atropellos sean sancionados a la luz del Derecho.

 

Eso sí, el gobierno colombiano debe separar cuanto antes a Maduro del carácter de garante de nuestro proceso de paz.