El Presidente de la República, Juan Manuel Santos anuncia que el Gobierno ha radicado ante el Congreso el proyecto de Acto Legislativo que tiene por objeto la implementación de los acuerdos de paz que se firmen en La Habana.

 

Dice el Presidente que la reforma propuesta tiene por finalidad “reducir los tiempos” necesarios para la implementación de los acuerdos a los que se llegue con la guerrilla de las Farc, aunque afirma que “dicha iniciativa no tiene nada que ver con la refrendación de los mismos”.

 

La diferencia no es muy comprensible para el ciudadano del común, pero quizá pueda entenderse en el sentido de que la Comisión Legislativa que se proyecta dará primer debate a los proyectos de modificación legal o constitucional que presente el Gobierno, y que serán las plenarias de las  cámaras actuales -entendemos que sesionando conjuntamente- las que se encarguen de aprobar -o, más exactamente, de no improbar- las normas que se requieran para desarrollar los acuerdos. Y que quizá la refrendación de éstos sí correrá a cargo del pueblo, como parece deducirse de lo manifestado por el Jefe del Estado.

 

A decir verdad, ni las declaraciones presidenciales, ni lo expuesto por los dirigentes de los partidos de la coalición, ni el proyecto elaborado brillan por su claridad.

 

El proyecto consta de dos artículos, los cuales contemplan, el primero la creación de una Comisión Legislativa, integrada por miembros del Congreso de la República, mientras que el segundo otorga facultades al Presidente de la República para poder implementar los acuerdos. Pero no sabemos qué materias irán al Congreso, pasando por la Comisión Legislativa, y cuáles quedarán en cabeza del Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le serán otorgadas.

 

Habrá que estudiar con mucho detenimiento el confuso texto del proyecto, que ojalá sea mejorado en el Congreso, y hacer el seguimiento de los debates, para saber hacia dónde vamos.