De lo expresado por el  Gobierno Nacional, por conducto del señor Ministro de la cartera correspondiente,  se infiere que el problema de la salud no existe para los colombianos. Que la legislación estatutaria, hoy en vigor tras muchas e inexplicables demoras, todo lo soluciona y todo lo prevé. Que la actividad del Ministerio y de la Superintendencia de Salud es suficiente para controlar las fallas y para sancionar las faltas en que incurren las EPS. Que todo cuanto de negativo estamos viendo en el actual sistema proviene –así lo manifestó el Ministro-  de noticias manipuladas por los medios de comunicación.

 

Con el debido respeto, eso implica, además de una ofensa al derecho a la información, garantizado en la Carta Política, una forma de eludir las responsabilidades gubernamentales al respecto y también una manera de ocultar las graves falencias que ofrece el sistema.

 

No nos llamemos a engaño. ¿Cuándo lo entenderán los gobiernos? El sistema de salud existente es deplorable. Su “funcionamiento” -entre comillas, porque en realidad no funciona- deja mucho que  desear. Ello nos daría ocasión para plantear fórmulas de mejora y actualización, con parsimonia y despacio, si se tratara de asuntos que dieran espera, así  tuviésemos que soportar algunas incomodidades. Lo malo es que no se trata de un asunto de poca monta sino de algo urgente, que no permite más espera. Estamos ante una problemática que toca, ni más ni menos, con la salud, la integridad y la vida de muchas personas.

 

Ante ello, en el Estado Social de Derecho que se proclamó en 1991, no se entiende que la actitud oficial, por buenas intenciones que tenga el Ministro, sea la de persistir en la defensa de un sistema desconsiderado e indolente, en el cual importan más las ganancias y los ahorros, y hasta los despilfarros de las empresas particulares a las que se encomienda la salud -recordemos el doloroso caso de Saludcoop- que los derechos esenciales de los afiliados y de sus familias.

 

Quiero repetir que, cuando se expidió la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 del 16 de febrero de 2015), se dijo:

 

-Atendiendo lo previsto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho a la salud es un derecho fundamental. Lo cual significa que,  por estar íntimamente ligado a la dignidad y a la vida del ser humano, la salud debe ser atendida y protegida por el Estado y por los particulares que, autorizados por él, prestan el servicio público correspondiente.

 

-Que el de la salud es un derecho autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.

 

- Que el Estado está obligado a adoptar políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.

 

 -Que, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado.

 

-De esa Ley Estatutaria, cuando la sancionó, el presidente Santos dijo que partía en dos la historia de la salud en Colombia, que acababa con los paseos de la muerte y que la solicitud de autorizaciones para acceder a los servicios de salud debía ser en adelante inmediata y obligatoria. Que no se podrían negar a nadie.

 

 Pero la realidad del país muestra otra cosa muy distinta: continúan la desatención, el maltrato y las demoras; las esperas interminables;  los paseos de la muerte; la negación de los servicios con el pretexto del alto costo;  las citas a consultas para año y año y medio después, aun en el caso de los niños; las Eps siguen sin entregar los medicamentos  que ordenan sus propios médicos; aumenta el número de  personas que mueren esperando un tratamiento. Y ahora, por si fuera poco, las personas a quienes se ha practicado un trasplante de órganos, no tienen acceso a los medicamentos que requieren en el post operatorio.  Nada de eso han inventado los medios de comunicación. Solamente lo registran.

 

 Un sistema ineficiente e inhumano. Contrario a la Constitución y a la ley.