A 30 años de los terribles hechos acaecidos en el Palacio de Justicia, las preguntas, dudas,  conjeturas, perplejidades,  contradicciones, afirmaciones y negaciones continúan vigentes. Esa tenebrosa imagen del Palacio en llamas es un fantasma que se resiste a desaparecer y sigue martirizando a víctimas, victimarios y funcionarios del gobierno de la época. A las primeras, porque siguen buscando la verdad sin encontrarla, o hallándola apenas parcial e incompleta. A los segundos, por graves cargos de conciencia, y por el temor de que algún día se haga justicia y tengan que pagar por sus crímenes -ya será ante Dios-. A los terceros, porque llevan sobre sus espaldas el peso de la culpa, de errores y omisiones imperdonables.

 

A pesar de los informes elaborados; de las comisiones establecidas; de los fallos del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; de las pocas condenas; de las investigaciones que sigue adelantando  la Fiscalía, la Verdad Histórica -que para ser verdad debería ser completa- se muestra esquiva y distante.

 

En el programa especial que sobre el tema ha venido presentando la emisora virtual www.lavozdelderecho.com, hemos escuchado en estos días la palabra serena pero firme de Carlos Medellín, hijo de uno de los magistrados  sacrificados, recordando que el gobierno, mediante decreto de Estado de Sitio, creó un tribunal ad hoc –completamente irregular, porque el caso ha debido ser llevado desde el primer momento  a la justicia ordinaria-, cuerpo que no aclaró nada de lo ocurrido. Agrega el doctor Medellín que allí principió un camino largo, triste y tortuoso que todavía estamos recorriendo, si bien, gracias a que la Fiscalía ha venido actuando con juicio en los últimos años, ya se están comenzando a saber algunas cosas.  

 

Según Medellín, se perdieron los primeros veinte años, porque hubo una estrategia para ocultar, para distorsionar la verdad,  para  transformar los hechos, para que no se llevaran a cabo las investigaciones adecuadas. Solamente en los siguientes diez años se ha venido adelantando algo.

 

Anahí Urán, hija del magistrado Carlos Horacio Urán, sobre cuya muerte nada se ha esclarecido, tiene una visión más pesimista: “No hay ningún interés en sacar la verdad. Se han dicho algunas verdades para hacer  sentir a la sociedad que se está caminando en esa dirección”.  Ella considera que, en el caso de su padre -quien, al parecer,  logró salir vivo del  Palacio- no hay verdad, no habrá justicia y no habrá reparación.

 

No cabe duda acerca de la responsabilidad de los miembros del M-19, quienes planearon y ejecutaron la toma del Palacio con el propósito de someter a juicio al Presidente Betancur . Pero hay muchos motivos para reclamar otras responsabilidades, jurídicas y políticas, que no se han deducido. La retoma fue peor, porque fue desproporcionada; porque no se atendió la voz desesperada del Presidente de la Corte, doctor Reyes Echandía, pidiendo que cesara el fuego. El fuego no cesó, y once  magistrados, junto con cien personas más, fueron asesinados.

 

Hubo desapariciones. Se aplicó la censura a los medios, y se ocultaron muchas cosas. 

 

Treinta años sin verdad histórica.