Es dolorosamente evidente, tras los acontecimientos de los últimos días en Colombia, que el tiempo de la negociación de paz está en manos de los terroristas

 

La cúpula de las FARC realizó una actividad política armada en La Guajira, ante la pasividad del Gobierno de Juan Manuel Santos. (El Pilón)

 

Las demostraciones políticas armadas de las FARC en los departamentos de La Guajira y del Putumayo, que generaron una rabieta del Gobierno de Santos y un repudio general de la opinión pública colombiana, son dos alertas tempranas de lo que se prefigura como el escenario del post conflicto en el país.

 

Durante años, los terroristas han venido consolidando —económica, militar y políticamente—, dos santuarios de valor crítico dentro de una estrategia planeada al viejo estilo marxista-leninista, que ha probado ser efectivo. El objetivo: aprovechar las debilidades de las deficientes democracias para acceder al poder a punta de promesas populistas, organización comunal al modo castrista, e intimidación a quienes protesten, denuncien o se opongan.

 

La endeblez de los jefes de los partidos tradicionales y la anomia de la clase media apuntalan la estrategia, complementada por el desencanto de los desesperanzados, olvidados y pobres, que son la mayoría. La indignación general que causo el incidente de El Conejo poco importó a los cabecillas de las FARC, que no entienden de política en democracia y ejercitan, repito, los tradicionales sistemas comunistas de control social.

 

El caso de La Guajira es emblemático. Este desértico pedazo de la frontera colombo-venezolana ha sido refugio en sus montañas de cuadrillas farianas armadas, como fue denunciado desde 2010 por funcionarios colombianos en la OEA, denuncia que llevó a que Hugo Chávez rompiera lazos diplomáticos con Colombia.

 

Acogidos por la Fuerza Armada y la Guardia Nacional Bolivariana, los terroristas de las FARC mantienen un permanente flujo de equipamiento militar y logístico procedente de depósitos venezolanos.

 

El grupo de “seguridad” de los cabecillas en plan de campaña política en el corregimiento de El Conejo, lucía uniformes verde oliva nuevos, fusiles AK de última versión y radios por montones. Llegaron en camionetas con placas venezolanas al lugar del encuentro, localizado a media hora de la sede del Grupo de Caballería Rondón y a media hora de la línea fronteriza venezolana: solo de allí pudieron salir y solo allí pudieron regresar ante la ignorancia, la indiferencia o el cumplimiento de órdenes de los militares y policías colombianos.

 

Esta zona fronteriza binacional ofrece a los terroristas posibilidades de actividad política en territorio colombiano, y simultáneamente les permite mantener intactas fuerzas armadas en territorio chavista. Por si acaso. Además, es una de las rutas preferidas del narcotráfico, que saca por esta frontera aproximadamente el 40% de su producto, aliviando en algo la crítica situación económica venezolana.

 

Las trazas de vuelos ilegales desde el estado Apure en Venezuela hacia el Caribe y Centroamérica aumentaron en 350% entre 2014 y 2015, según el rastreo de los radares norteamericanos. Si a lo anterior se agrega que los veedores internacionales de los acuerdos serán miembros de la Celac, un organismo chavista, se completa el mapa de lo que se verá, de lo cual ya se tuvo un adelanto con la “Cuestión Conejo”: proselitismo político armado, ante la mirada impávida de la Cruz Roja Internacional y los representantes de los países acompañantes Cuba y Noruega.

 

Si esto sucede en la frontera colombo-venezolana, otro tanto acaece en la frontera colombo-ecuatoriana. Los milicianos y guerrilleros, terroristas de las FARC, se mueven a sus anchas, muchos con carnets de la Acnur que los identifican como desplazados por las selváticas provincias ecuatorianas de Orellana, Sucumbíos y Carchi. Allí, los ríos San Miguel y Putumayo son autopistas transnacionales que permiten el movimiento libre y continuo de insumos y pasta de coca, que salen por la frontera binacional del Pacifico, desde donde los semisumergibles no paran de zarpar rumbo a Centroamérica, transportando aproximadamente otro 40% —unas 150 toneladas de la producción de droga colombiana.

 

Recordemos que Colombia es actualmente el principal productor de cocaína del mundo y Ecuador uno de los principales lavadores de dinero del negocio. En los departamentos colombianos de Putumayo, Caquetá y Cauca, las FARC han sentado sus reales militares, económicos y políticos, contando con el refugio al otro lado de la frontera, en el territorio de un país cuyo gobernante, otro socialista del siglo XXI, admira a las FARC, protege al ELN y se beneficia con el narcodinero subterráneo de la única economía dolarizada de Suramérica. La gran mayoría de explosivos incautados a los terroristas son de fabricación ecuatoriana y el equipamiento de intendencia para los irregulares se consigue a buen precio en cualquier almacén de Lago Agrio o Coca.

 

Así las cosas, las FARC, de manera estratégica, mantendrán en el llamado postconflicto dos áreas, una al suroccidente y otra al nororiente del país, que les garantizarán autonomía territorial, protección legal, veeduría propia y auto protección armada cuando se declaren amenazadas. En esas zonas se desarrollarán proyectos colectivistas de producción y hegemonía política que se enlazarán con proyectos idénticos en el centro del país, para coordinar un trípode geopolítico que cerque y asalte el corazón del poder político en Bogotá.

 

El asunto, sin embargo, no será muy sencillo para los estrategas del Foro de Sao Paulo y sus sucursales en Venezuela, Ecuador y las FARC. Comunidades colombianas han empezado a confrontar sin miedo a los representantes del comunismo internacional, que con inmunidad parlamentaria le hacen el trabajo de quinta columna a los compañeros en armas.

 

A mediados de febrero, Carmen de Chucurí, un pueblo victimizado por el ELN durante años, rechazó con chiflidos e insultos un pretendido homenaje al cura Camilo Torres, prócer insepulto de la revolución latinoamericana de los sesenta, fracasado como el Che cuya teoría del “foquismo”, dicho sea de paso, parece revivirse con la reactivación de la Escuela Militar Antiimperialista que inaugurará Evo Morales en marzo de este año.

 

Con esta estrategia en desarrollo, la seguridad nacional y la integridad territorial colombianas están en peligro. Frente a esta amenaza mayor, el Gobierno colombiano de turno se percibe claudicante, contemporizador e irresponsable. Los negociadores de La Calle y Jaramillo son insistentemente señalados de ser culpables de violar la Constitución y las leyes por facilitar la realización de eventos de este tipo en diferentes partes del país.

 

En un futuro, será azaroso querer imponer la ley y el Gobierno se verá abocado a lidiar con secesiones territoriales o una dolorosa balcanización. Ahí está como premonición el “Asunto Conejo”.Entendiendo la paz a su manera, las FARC, que aún se autoproclaman “Ejercito del pueblo”, van por el poder por la vía electoral, con muchas ventajas logradas en la negociación de La Habana. En un escenario político de partidos debilitados, oportunismo burocrático, corrupción generalizada, desinstitucionalición galopante y crisis económica, el camino para la “chavización” de la política colombiana está servido, mientras las consecuencias del colapso venezolano son impredecibles.

 

Rumbo al 23 de marzo, limite acordado por las partes para firmar un acuerdo definitivo, las dudas y expectativas son muchas. A pesar de las tímidas y repetitivas exhortaciones del presidente Santos, cuya popularidad se derrumba, el sentimiento general es que el tiempo de la negociación está en manos de las FARC, no en las del Gobierno.

 

Publicado en http://es.panampost.com/ el 22 FEBRERO, 2016