La Corte Internacional de Justicia ha resuelto declarar que ella tiene jurisdicción para resolver acerca de las dos demandas que contra Colombia ha presentado Nicaragua. Los nicaragüenses piden que, por una parte se haga cumplir el fallo de la misma Corte del 19 de noviembre de 2012, y por otra solicita que se reconozca a su favor la plataforma continental extendida.

 

Por supuesto, no compartimos y –por el contrario- hemos criticado duramente la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que, en 2012, despojó a Colombia de buena parte de sus aguas marítimas en la zona del archipiélago de San Andrés y Providencia, y consideramos que Colombia ha debido ejercer los pertinentes recursos previstos en el Derecho Internacional.

 

No obstante, queremos anotar hoy, a propósito de la decisión de ayer:

 

-La Corte no ha dictado sentencia en cuanto a las demandas incoadas por Nicaragua acerca del mar y la plataforma continental. Lo único que hizo ayer fue asumir jurisdicción y competencia, al rechazar las excepciones de Colombia. El proceso sigue y va a decidir sobre el fondo de tales asuntos.

 

-Nos explicamos la reacción política y mediática del Presidente de la República y de los partidos, y está muy bien el patriotismo que nos lleva a buscar que no debemos perder ni un solo centímetro de territorio colombiano. Pero, desde el punto de vista jurídico, es necesario reconocer objetivamente que el camino escogido, al declarar que Colombia no comparecerá al proceso ante la Corte, es equivocado. Acuda o no Colombia a los procesos, los fallos se dictarán, y en esos procesos, a nuestro juicio, es mejor defenderse con argumentos jurídicos y con pruebas, que entregarse de antemano y abstenerse de concurrir. La no comparecencia no evita el fallo, ni inhibe a la Corte para fallar.

 

-Es verdad que Colombia no es parte en la Convención Internacional sobre Derecho del Mar. Pero eso lo ha debido alegar Colombia, y no lo alegó. Lo dice hasta ahora.

 

-Se equivoca el Gobierno al decir que la Corte Internacional de Justicia es “un tercero”. No lo es. Es un tribunal internacional; dictará sentencia, y las sentencias que profiera obligarán a las partes.

 

-Colombia debería acudir; solicitar pruebas, controvertir las que se alleguen en contra, presentar alegatos, proponer nulidades, ejercer recursos en el proceso.

 

Una cosa es la reacción política y otra muy distinta la estrategia jurídica. Comprensible la primera. Inexplicable en este caso la segunda. Y este proceso ha sido muy mal manejado por Colombia desde el principio.