La Corte Internacional de Justicia ha resuelto declarar que ella tiene jurisdicción para resolver acerca de las dos demandas que contra Colombia ha presentado Nicaragua.

 

Por supuesto, no compartimos y –por el contrario- hemos criticado  la sentencia del 19 de noviembre de 2012, que despojó a Colombia de buena parte de sus aguas marítimas.

 

Pero la defensa de los intereses  colombianos no fue la mejor. Durante el proceso, los argumentos jurídicos no fueron coherentes, y contra la sentencia no se recurrió. Solamente nos acordamos de denunciar el Pacto de Bogotá de 1948 después del fallo, sin tener en cuenta que al tenor de sus cláusulas quedábamos sujetos a él por un año más.

 

 La semana pasada no se dictó sentencia. Lo único que hizo la Corte  fue asumir jurisdicción y competencia, al rechazar las excepciones de Colombia. Pero lo hizo inclusive con la disidencia de la mitad de los magistrados, luego no es lógico pronosticar que fallarán contra Colombia. La estrategia no puede consistir en declararnos derrotados desde ahora. Los procesos continuarán, estemos o no representados, y los magistrados  se decidirá sobre el fondo.

 

 Lo indicado es participar en los procesos; esgrimir los argumentos y pruebas a favor de la posición colombiana; controvertir  las tesis nicaragüenses: objetar sus pruebas; proponer nulidades; alegar…En fin, lo menos indicado es entregarnos sin defendernos; permitir que se tenga por cierto lo que alega Nicaragua; para después quejarnos de la sentencia adversa y no cumplirla, acudiendo a un mal entendido patriotismo y perdiendo credibilidad ante la comunidad internacional. Arriesgándonos a la imposición de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al cual, por paradoja, acudimos para que verifique cumplimiento de los acuerdos de paz.

 

 Puede ser explicable desde el punto de vista mediático la reacción presidencial  y compartimos el sentimiento general de no querer que perdamos  ni un solo centímetro de territorio colombiano. Pero, desde el punto de vista jurídico, el camino escogido, al declarar que Colombia no comparecerá al proceso ante la Corte, es equivocado. La no comparecencia no evita el fallo, ni inhibe a la Corte para fallar.

 

 Es verdad que Colombia no es parte en la Convención Internacional sobre Derecho del Mar. Pero eso se alega en el proceso, no por fuera de él.

 

 Se equivoca el Gobierno al decir que la Corte Internacional de Justicia es “un tercero”. No lo es. Es un tribunal internacional; dictará sentencia, y las sentencias que profiera obligarán a las partes.