Dos o más pasajes de la clásica película norteamericana “Forrest Gump”, se asemejan al rechazo que observo, justificado o no, sobre la posible ubicación de las mal llamadas “Zonas de Concentración” en algunos territorios colombianos. La comparación es extraña, los contextos diferentes, los actores son otros y los motivos diversos, pero aun así, sirve como ejemplo o símil frente al rechazo o preocupación que genera en diversos sectores tanto sociales como políticos el nuevo reto territorial transitorio que tiene que afrontar Colombia para efectos de la concentración inicial de guerrilleros, organización, desarme y preparación de hombres y mujeres para el ingreso a la vida civil y política.
Tom Hanks, nativo de Alabama, víctima de una leve enfermedad, pero afortunado por su amor materno, audacia y suerte, sufre durante su niñez e incluso en la edad adulta rechazo y discriminación no sólo por su condición física y mental, sino por el simple hecho de ser un extraño en una sociedad altamente egoísta e individualizada. “Aquí no, aquí tampoco, aquí está ocupado”, son expresiones que vociferan niños o adultos cuando “Forrest”, el protagonista de tamaño clásico del cine norteamericano, sube al autobús por primera vez, ya sea para ir a la escuela en su niñez o para ir al ejército en su etapa adulta. En las escenas se observa como “Forrest” mira a un lado y al otro del autobús, en búsqueda de una silla, pero se encuentra ante varias miradas de desprecio, rechazo o indiferencia. Al final, un coprotagonista sencillo (Jenny y Bubba), libre de cualquier perjuicio y temor, lo alberga, le ofrece su silla inmediata, lo que constituye el inicio de una maravillosa amistad que perdura a lo largo de toda la película y de su discurrir en la historia de los Estados Unidos.
Curiosamente, esas expresiones o manifestaciones de angustia, indiferencia, preocupación o en el peor de los casos, de rechazo o desprecio: “aquí no y preferiblemente, aquí tampoco”, se escuchan de algunos grupos sociales, actores territoriales o políticos de los posibles territorios que tendrán que albergar a los grupos guerrilleros en las mal denominadas “zonas de concentración” o como he querido llamarlas en este escrito: “territorios transitorios de paz”.
Y no es para menos, en algunos casos la preocupación viene de comunidades o de grupos sociales víctimas de la guerra y de cualquiera de sus bandos: guerrilla, paramilitares o ejército o, en el peor de los escenarios, víctimas de los medios de comunicación que destilan odio y venganza y que identifican a los guerrilleros como los más depravados criminales de la sociedad colombiana. Es evidente, que algunos temores son altamente justificados, para el caso de miles de indígenas, afros o pobladores que han padecido los rigores de la guerra y que por lo mismo tienen vocación de recepción de estos “territorios transitorios de paz”.
En cualquier caso, un tema complejo que debería involucrar a las comunidades de forma previa y concertada para efectos de generar la mayor tranquilidad, confianza y compromiso por parte de todos los afectados o beneficiados. No se trata de una zona de despeje para el inicio de una larga conversación, por el contrario, es el cierre de largos años de conversaciones y el comienzo de la implementación.
Por otra parte, el rechazo proviene de sectores opositores del proceso de paz, también de tendencias guerreristas y en el más peligroso de los casos, de las bandas criminales que infestan los territorios, entre otras, bajo la lógicas de las Bracim o incluso del neoparamilitarismo. El asunto no es de poca monta, es altamente complejo y por primera vez, se siente que el posconflicto inicia y que en la mitad del acuerdo está la sociedad y los territorios. La sociedad, por lo demás ignorada por el gobierno, excepto por algunos casos de participación propiciados por la academia, organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional.
Sin duda, dos discusiones caldean el ambiente político actualmente, la refrendación y las denominadas zonas de concentración. La primera necesaria como acto político y de legitimación de los acuerdos, la cual pende del fallo de la Corte Constitucional y en caso de aval, del proceso pedagógico y de socialización para efectos de lograr el sí, en una sociedad polarizada por los odios, los miedos, desconocedora de la “letra menuda” de los acuerdos de la Habana y que lastimosamente pretende castigar la refrendación en retaliación a las políticas antipopulares de los últimos gobiernos, que hoy hacen mella. Queda esperar que el castigo a Santos se realice por otros medios y que la paz se privilegie por encima de los odios. El segundo tema que prende las alarmas, es el de las zonas de concentración, discusión alentada a partir de la convocatoria realizada por Santos a sesiones extraordinarias del Congreso, para efectos de reformar el artículo 8º de la Ley de Orden Público o Ley 418 de 1997 la cual proscribe, conforme la reforma llevada a cabo en el año 2010, la realización de órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional.
El gran debate se centra en la posibilidad que tendrá el Gobierno nacional, dentro del marco de un proceso de paz, de ubicar de forma temporal a miembros de los grupos al margen de la ley en precisas y determinadas zonas del territorio nacional. En dichos espacios se suspenderá la ejecución de órdenes de captura, una medida que será aplicable, incluso desde el mismo momento del desplazamiento hasta los territorios de paz, igualmente procede para aquellos casos de movilización especial, aún por fuera de dicha zonas, a miembros representantes del grupo guerrillero en negociación y concertación, sin duda esta última medida ha sido fundamental para la realización exitosa de los diálogos en la Habana y los procesos de desplazamiento para asuntos pedagógicos con las filas guerrilleras.
El Presidente, será la persona encargada de determinar “la localización y modalidades de acción de la fuerza pública”. Por último, se hace referencia al proceso de creación de listas que acrediten la calidad de miembro del grupo al margen de la ley, la cual será elaborada y suscrita por los voceros o miembros representantes designados por el grupo en proceso de conversación. La lista será entregada al Alto Comisionado para la Paz, quien la aceptará bajo la presunción de buena fe y el principio de confianza legítima. En cualquier caso, el papel de la ONU en su calidad de “Misión Política Especial”, muy diferente al desarrollado en El Salvador como “Misión de operación internacional para el mantenimiento de la paz”, será fundamental para efectos del monitoreo y verificación de esta fase compleja y necesaria del proceso de paz.
Como se observa, hoy más que nunca, el apoyo internacional es fundamental para la implementación de los acuerdos. Los territorios transitorios de paz constituyen un tema logístico de gran calado de reubicación, organización y desarme, para ello es necesario agotar la vía de concertación con las comunidades asentadas en los territorios receptores. Es necesario que dichos espacios tengan los servicios y bienes básicos para garantizar la calidad de vida y la dignidad de los colombianos que entran al espectro social y político, luego de 50 años de guerra. No son campamentos, ni zonas de despeje militarizadas, son “territorios transitorios de paz”, esto es, el antecedente inmediato para ingresar a la vida municipal. Este proceso requiere de significativos recursos y voluntad por parte del Estado centro, del apoyo de las entidades territoriales y de la buena voluntad que deben imprimirle tanto los excombatientes como los vecinos, “viejos vecinos” por lo demás, en sus dominios territoriales. En fin, todo un reto transitorio que se debe superar.
Así la cosas, “el aquí no” y “el aquí no se puede”, se tendrá que transformar en “aquí sí” y “aquí también podemos”. Por supuesto, algunos grupos vulnerables y golpeados flagrantemente por la guerra deberían estar al margen de este proceso transitorio.
Nota. Por cierto, el lenguaje del poscolflicto debe ser cuidadoso, Presidente Santos, muy mal tildar al adversario en pleno proceso de negociación con calificativos de “mamertos y obsoletos”. Así no se puede, el desarme del lenguaje es vital para la reconciliación.
