Ad portas de la finalización de los diálogos de paz en la Habana, el país político y jurídico discute sobre la viabilidad, constitucionalidad, legalidad y legitimidad de los instrumentos propuestos unilateralmente por el gobierno nacional, para efectos de refrendar y de implementar los acuerdos del proceso de paz con las FARC. Lejos de ser útiles las discusiones en foros, artículos y escenarios políticos, sociales y académicos, la realidad es que el gobierno ya escogió el camino. El plebiscito como instrumento de refrendación pende de un fallo de la Corte Constitucional, la cual sin duda, lo avalará con algunos ajustes; por otra parte, la implementación se llevará a cabo mediante los instrumentos diseñados por el Acto Legislativo que se tramita en el Congreso de la República, el cual establece un procedimiento legislativo especial y la correspondiente creación de la “Comisión Legislativa Especial para la Paz” y las facultades que recibirá el Presidente para la implementación de las medidas de estabilización inmediata, una vez firmados los acuerdos. Como siempre, este Acto Legislativo tendrá unas leves variaciones, pero al final, saldrá avante.
Por el contrario, la propuesta de la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente, ya sea para la refrendación o la implementación de los acuerdos de la Habana, ha sido duramente cuestionada tanto por el gobierno como por diversos sectores, entre otras razones, por ser el mecanismo esencial propuesto por las FARC. Incluso, algunos constitucionalistas la observan con desdeño y sospecha, en tanto consideran que dicho instrumento puede llevar al traste con algunos avances liberales en materia de derechos, consagrados por la Constitución Política de 1991, en mi criterio, temores infundados, retroceder en materia de derechos es prácticamente imposible e imperdonable.
Sin duda, el tema suscita pasiones, rechazos e incluso posiciones contradictorias. Por ejemplo, las de algunos miembros del centro democrático, partido político caracterizado por su férrea oposición al proceso de paz, que hoy hablan sobre la necesaria realización de un pacto nacional para efectos de la refrendación e implementación, en su criterio, única oportunidad de viabilización o de oposición legítima a los acuerdos logrados en la Habana. Así las cosas, la discusión en torno de este instrumento constitucional refleja dos grandes extremos, por una parte, diversos sectores sociales, políticos y económicos que coinciden en afirmar, que esta es la única herramienta legítima para viabilizar y legitimar los ajustes institucionales del posconflicto; por otra parte un amplio sector, incluido el gobierno, que la descarta de tajo. También se encuentra una tercera opción, la de aquellos que consideran que los instrumentos de refrendación e implementación ya vienen en camino y que basta esperar la fase inicial de ejecución del posacuerdo, para efectos de impulsar una Asamblea Nacional que fuera del marco de la Habana, promueva la verdadera transformación política que requiere el Estado Colombiano.
Lo cierto, es que la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente se abre camino en Colombia. Más temprano que tarde, el país se verá abocado a impulsar este gran instrumento constitucional, cuando ni el posconflicto ni las reformas a emprender por el Congreso o por la Comisión Legislativa Especial para la Paz, logren apaciguar o frenar la crisis económica, social y política, hoy tan evidente y de tamaño alcance. Las contradicciones del modelo económico, las cifras de pobreza, la inequidad rampante, hacen agua, también la inconformidad de los territorios ante una administración centralizada, elitista y despreciativa de las regiones, así como la crisis de la justicia, del sistema electoral, del legislativo y de los organismos de control, por mencionar algunos de los males padecidos, que son insuperables con reformas tibias, como la titulada: “ de equilibrio de poderes”.
La Asamblea poco a poco se abre camino. De hecho, el Senador Horacio Serpa, en un evento titulado “plebiscito por la Paz”, organizado por la Universidad Libre, señaló que a la vuelta de pocos años, el país se verá abocado a un nuevo pacto político, ojalá superadas las fases iniciales de posacuerdo con las FARC y el ELN. En su criterio, la Constitución de 1991 ya ostenta más de 40 reformas, por lo demás alejadas del espíritu social inicial del constituyente de 1991 e invoca serios ajustes institucionales para el Estado colombiano.
Asi las cosas, en pocos días estaremos en plena campaña por la refrendación de los acuerdos e igualmente estaremos prestos y atentos de que se lleven a cabo todas las transformaciones legislativas necesarias para su implementación, ya sea a través del Congreso, la Comisión Legislativa Especial para la Paz o por intermedio del Presidente, mediante las facultades especiales que le otorgará el Acto Legislativo ya mencionado. Por supuesto que la participación activa de las FARC, ya sin armas y en pleno ingreso a la vida política, será necesaria y definitiva para la culminación exitosa de la primera fase del posacuerdo. La vida de los actuales actores de guerra y su vinculación al escenario político y social, son la prioridad, imposible e infame repetir la lamentable historia de la U.P.
Sin duda, la prioridad inmediata será la de proteger los acuerdos, pero también seremos actores y testigos de la nueva historia constitucional que se avecina, en donde se tendrá que discutir el rumbo de Colombia, más allá de los acuerdos, de Juan Manuel Santos y de las FARC, y por supuesto, el escenario ideal será una Nueva Asamblea Nacional Constituyente.
Nota: La tarea inmediata es la refrendación. En caso de fracaso, que sería históricamente lamentable y vergonzoso, el camino seguiría siendo el de un gran pacto político nacional: La Asamblea Nacional Constituyente, ¡Todos los caminos, conducen a Roma!
