Fotografía y archivo de Julián Bermúdez Murcia

En un país normal, en condiciones sociales, políticas y económicas normales, los/as juristas poco tienen que recurrir a marcos extraordinarios e incluso humanitarios para la resolución de graves problemas y conflictos. Pero la guerra no es normal, los conflictos armados tampoco, y la protesta social, aunque constitucional y legítima, podría presentar escenarios de violación sistemática de derechos humanos, como es el caso de las lesiones oculares, la muerte de manifestantes, la violencia sexual, las desapariciones, el abuso y el uso arbitrario de la fuerza pública o el uso de la violencia, por parte de la sociedad civil.

 La lectura tradicional e interpretación literal de los textos jurídicos poco habrían permitido evolucionar en la construcción de marcos jurídicos para la resolución de situaciones de anormalidad. Surgen escenarios de comprensión, compasión, reconciliación, no repetición,  verdad y de respeto a las víctimas. Aparecen entonces, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, un marco internacional desde la perspectiva de hard law y soft law, principios pluralistas y enfoques interseccionales, étnicos, interculturales, colectivos, comunitarios y hasta feministas, que poco a poco han permitido construir nuevos relatos más compasivos en el mundo del derecho. Así, se ha evolucionado desde una justicia de los victimarios, a una justicia de las víctimas; a formas más modernas de justicia transicional, y de cierre de guerra y de conflictos, a la construcción de diversas formas de restauración, entre otras opciones para leer la realidad más allá de una noticia, de un “relato periodístico”, de un artículo o con los lentes meramente punitivos.

Un país como Colombia ha tenido que innovar sin afectar la Constitución, la legalidad ni los marcos internacionales, para cerrar períodos de dolor y cifras propias de la “fábrica de víctimas” tan normalizada por décadas. Algunos procesos han sido exitosos, valga la pena recordar la Asamblea Nacional Constituyente de 1991,  en donde una buena parte de sus integrantes representaron a un movimiento guerrillero, para ese momento ya en la legalidad, otros fracasados como en el tema de la Paz del expresidente Pastrana o de compleja concreción como el de justicia y paz de la época del expresidente Uribe, Acuerdo de Paz, JEP (Justicia Especial para la Paz), Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, justicia transicional, justicia restaurativa y, ahora mismo, los grandes esfuerzos para consolidar una paz mayor, llamada #PazTotal o, incluso, la denominada propuesta de ley de sujeción a la justicia ordinaria.

Imágenes como las utilizadas, de manera recurrente, por algunos medios de comunicación frente al conflicto vivido en el territorio del Caquetá (2 y 3 de marzo de 2023), indignaron a todos/as los/as colombianos/as. Sufrimiento de parte y parte, integrantes de la Fuerza Pública de Colombia y campesinos/as arropados/as por la resistencia, tan protegida en clave pacífica por la Constitución Política de 1991, y una institución histórica como la guardia campesina cuyo origen nada más ni nada menos está en letras de antiviolencia y de protección pacífica de los territorios. Guardias para la paz y con bastones de mando, no de armas.  ¿Qué pasó?

Caquetá invita a analizar y diferenciar cada uno de los conflictos que hoy pululan en el territorio colombiano. Según el diario El Tiempo, la protesta social ha crecido en un 72% en los primeros meses del 2022, lo que equivale a 214 casos de conflictividad social. Pensar en Caquetá, es pensar en el abandono, el incumplimiento o cumplimiento parcial, por parte del Estado de los compromisos ya suscritos: Acuerdo de Paz, PDET, Acuerdo de Altamira y más. Comunidades violentadas por décadas, un territorio impactado por el extractivismo, afectado en su naturaleza, preso de diversos actores ilegales, sin confianza en las instituciones y con un Estado social precario o ausente.

Fácil es leer desde la comodidad de Bogotá, “tipificar” en el chat de amigos/as, trinar y, muchas veces, trinar con odio y hasta con  racismo. Los lentes deben virar a la compasión en un país que ha hecho mal las cosas por décadas y siglos. Ojalá los/as juristas que deben calificar los hechos, lo hagan teniendo en cuenta el contexto. Aquí aplica lo dicho por la JEP, aunque en un escenario distinto: la gran tarea es evitar las acusaciones de prejuzgamiento. ¿Se podrán imaginar la situación de peligro en la que se encuentran miles de personas del territorio ante esta irresponsable y coyuntural calificación mediática o de “relato periodístico”?

Sin duda, la geografía del abandono ha despertado y de muchas formas. El Acuerdo de Paz permitió ese renacer. La resistencia y la protesta pacífica, tan del paisaje social y político nacional, hacen parte de la democracia local, de la participación y del pluralismo. Los territorios hablan y el Estado debe llegar más allá de la fuerza o de lo que algunos llaman “la violencia legítima”.

Tremendo reto tiene el democrático gobierno actual, en tanto la conflictividad social aumentará en Colombia, al mismo ritmo de América Latina y de muchos escenarios del mundo. Las comunidades también deberán arroparse de solidaridad, autocuidado y de democracia, pero también deberán blindarse ante los violentos y actores ilegales que en algunas oportunidades querrán utilizar estos espacios democráticos para sus mafiosos e ilegales intereses.  Ni hablar del papel ético que deben tener los medios de comunicación para no mover las peores emociones que propicien escenarios de masacres, discriminación y más odio. Desinformar en este país, discrimina y mata.

Nota: Frente al conflicto del Bajo Cauca, una es la situación de los/as mineros/as artesanales, las comunidades afectadas por la minería legal e ilegal, la naturaleza afectada por el mercurio, la geografía del abandono, los municipios empobrecidos, la contaminación y más, lo que amerita diálogo con la comunidades, la construcción del Estado en sus territorios, el cumplimiento del Acuerdo de Paz, la protección y restauración de la naturaleza “como sujeto de derechos” y del denominado Distrito Minero, entre otras acciones; pero otra es la situación, de los actores mafiosos e ilegales que se aprovechan del escenario de la protesta para sus oscuros intereses. Las respuestas deberán ser distintas.

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