Ha propuesto el ex presidente y congresista Álvaro Uribe Vélez el ejercicio del derecho a la resistencia civil, que también es conocido en la filosofía política como derecho de rebelión, contra el proceso de paz y contra los acuerdos que se firmen en La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. Los contenidos no los conocemos.

Aun considerando que ha habido equivocaciones fundamentales del Gobierno Santos en esa materia, la verdad es que la propuesta uribista nos ha parecido exagerada. No parece que, en Colombia, pese a la desinstitucionalización que varias veces hemos señalado, estén dadas las condiciones para dar lugar a una actitud popular de resistencia contra la opresión.

 

Debemos recordar que dicha posibilidad es la más extrema de las opciones, ante situaciones en las cuales los derechos y las libertades públicas son conculcados por un régimen despótico. Y, dígase lo que se quiera –conste que tenemos varias diferencias con el actual gobierno; no nos han parecido acertadas sus políticas en materia económica y juzgamos equivocado el proyecto de reforma a las reglas aplicables al plebiscito, entre otras cosas-, pero sinceramente no creemos que la situación colombiana actual sea siquiera cercana a la que plantearon en su momento Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino; los estadounidenses contra Inglaterra; los criollos americanos contra España; los revolucionarios franceses de 1789; la resistencia que hubo de organizarse en varios países contra el régimen nazi; los impulsores de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos; los argentinos contra Videla, o los chilenos contra el dictador Augusto Pinochet.

 

Es cuestión de proporción. La resistencia ciudadana o el derecho de rebelión se ejercen contra la ley injusta, no existiendo otros instrumentos o mecanismos que permitan al pueblo reaccionar contra los opresores. De modo que una invocación a la resistencia debe estar sólidamente fundamentada y justificada. De lo contrario, se parece más a un levantamiento contra el régimen jurídico; a una rebelión, o a una guerra contra la institucionalidad.

 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se encabezaba así:

 

“Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre...".

 

En el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 1948, se expresó:

 

“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

 

La pregunta es: ¿nos hallamos en una de las situaciones descritas? ¿Hay lugar al ejercicio legítimo del derecho de rebelión? ¿A la resistencia ciudadana? ¿Hay opresión gubernamental en Colombia? ¿El Gobierno de Santos es comparable al de Hitler, Videla o Pinochet? No nos parece, aunque creamos que en muchas cosas se equivoca.