La Corte Constitucional declaró inexequibles varias normas del Acto Legislativo 2 de 2015, sobre "Equilibrio de poderes", disposiciones según las cuales se reestructuraba lo relativo a la administración de la rama judicial, su presupuesto,   planeación y gerencia, así como la carrera judicial. La reforma había suprimido la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar creaba el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial.

 

Según expresó la Corte en comunicado del 1 de junio, "el nuevo esquema institucional implica una sustitución parcial de los principios de separación de poderes, autonomía e independencia judicial que encuentran expresión en el modelo de autogobierno judicial previsto por el constituyente de 1991". 

 

Dijo que el Congreso, al aprobar esta reforma, se excedió en el ejercicio del poder correspondiente, y que sustituyó la Constitución, razón por la cual las disposiciones mencionadas fueron retiradas del ordenamiento jurídico. 

 

De acuerdo con el fallo, "no obstante que la competencia reformadora del Congreso no lo inhibe para introducir modificaciones al esquema de autogobierno judicial previsto en la Constitución de 1991 e incluso para suprimir órganos del mismo si lo estima necesario, aquella no lo habilita para sustituir o suprimir los principios básicos de configuración de dicho esquema, que se consideran ejes axiales de la Constitución de 1991. Dicho en otras palabras, el Congreso conserva plena competencia para reformar funciones y órganos de la Rama Judicial, mediante Actos Legislativos, siempre y cuando respete los principios definitorios de la identidad de la Constitución de 1991".

 

Si esto ocurrió con el sistema de administración de la Rama, ¿qué pasará con el plebiscito y con el Acto Legislativo sobre "blindaje" del Acuerdo de Paz que acaba de aprobar el Congreso?