Hacemos votos porque al momento de ser publicada esta columna se haya llegado a acuerdos entre el Gobierno y varias organizaciones de campesinos, comunidades indígenas, transportadores   y maestros, y por tanto, hayan sido levantados los paros y todo haya vuelto a la normalidad. Una normalidad que, según la experiencia de los últimos años, no será muy duradera.

 

Estos paros causan daño a la economía y perturban en grado sumo la vida de la comunidad. Llevan a grandes dificultades en materia de suministro de productos, y generan zozobra en las localidades afectadas, repercutiendo necesariamente en pérdidas cuantiosas. Surgen problemas de orden público, pues las marchas se ven infiltradas por agitadores, puede haber excesos en la respuesta de la fuerza pública, y no es extraño que, como acaba de acontecer, haya heridos y muertos en el curso de las manifestaciones.

 

Obviamente, lo ideal sería que las distintas actividades económicas se adelantaran sin interrupciones y que todo funcionara a cabalidad, en beneficio de la economía y de la convivencia en el seno de la sociedad.

 

No obstante, lo cierto es que, así se terminen ahora los paros, la inestabilidad que viene afectando al país en sectores como la agricultura, el transporte, la educación o la administración de justicia,  hace frágil cualquier acuerdo, y muy previsible que en corto tiempo regresen las protestas, los ceses de actividades y los enfrentamientos.

 

El Gobierno únicamente se preocupa en cada coyuntura por resolver el problema inmediato, y para el efecto, además del despliegue de la policía, como no puede impedir la protesta -que corresponde a un derecho de rango constitucional, mientras sea pacífica-, convoca a los organizadores a interminables reuniones que se extienden por varios días. Se compromete a muchas cosas con tal de lograr el levantamiento de los paros, y de inmediato, tras firmar, olvida las cláusulas de los pactos. Los sectores afectados retornan  confiados a sus labores, pero el paso del tiempo les demuestra que el Ejecutivo no pone en práctica lo prometido; que incumple sus compromisos, y que todo sigue igual o peor que antes. Entonces, sintiéndose burlados, todos regresan a la formulación de los reclamos, y otra vez al paro, en un interminable círculo vicioso, que ha desacreditado y deslegitimado en muchos campos la palabra de la administración.

 

Ocurre algo muy grave: ya nadie cree en las promesas del Presidente de la República, ni en los acuerdos que firman los ministros. La falta de seriedad oficial desestabiliza al país.