El Gobierno quiere iniciar las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, para adelantar un proceso similar al que se lleva a cabo con las Farc, pero ha tropezado desde el comienzo con la actitud de aquélla organización guerrillera. Sigue cometiendo actos execrables como el asesinato de los transportadores la semana pasada, y continúa con los secuestros.

El Ejecutivo ha exigido como requisito previo la liberación del ex congresista Odín Sánchez Montes de Oca, y el ELN ha estado diciendo una cosa y otra al respecto, y lo cierto es que no lo ha devuelto al seno de su hogar, como ha debido hacerlo hace mucho tiempo. Por eso, el Presidente de la República ha suspendido la iniciación de las negociaciones.

Nos parece que es muy importante la exigencia gubernamental, pero no debe limitarse a la liberación de Odín Sánchez sino a la de todos los secuestrados en poder del ELN. Al dialogar con una organización que mantiene a personas secuestradas, Santos comete el mismo error que cometió con las Farc, y que se constituyó en uno de los motivos para el triunfo del NO el 2 de octubre. Porque las Farc no han respondido a las familias de los secuestrados.

Olvidan el texto de la norma incluida en el Marco Jurídico de la Paz (Acto Legislativo 1 de 2012), es decir, en la Constitución (Art. transitorio 66), según la cual la justicia transicional y por tanto los diálogos que la preceden, en cualquier caso estarán  sujetos "al cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados, y la desvinculación de los menores de edad reclutados ilícitamente que se encuentren en poder de los grupos armados al margen de la ley".  

La paz es urgente y necesaria, pero se debe lograr cumpliendo la Constitución. Y el Estado no puede comenzar claudicando.