Pasadas las festividades de fin de año, se han reanudado las actividades públicas y privadas.
Como lo expresábamos en columna radial, será difícil este período, en especial para los trabajadores y la clase media, con un IVA del 19%; con una reforma tributaria regresiva e inequitativa, con una economía que viene maltrecha y desordenada, y con un salario cuyo ajuste ya se perdió por causa de los impuestos y de la inflación. Pero habrá que tener paciencia y seguir trabajando, como lo hacemos a diario.
Ahora bien, un Estado social y democrático de Derecho, por su misma definición, tiene que estar sometido a las reglas constitucionales. A veces ello no ocurre, o acontece de manera forzada y con muchas dudas y perplejidades.
El ejemplo más reciente de esto último es nuestro proceso de paz con las Farc, culminado, al menos en teoría, tras medio siglo de violencia. Comenzó bien -a partir del artículo 22 de la Constitución, según el cual la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento-, pero, por extraña paradoja, en la medida de sus avances se fue alejando del Derecho. Del verdadero Derecho, en nuestro concepto.
Aunque muchos hemos expresado discrepancia, desde la perspectiva jurídica, respecto a lo actuado por órganos estatales con miras a la implementación y desarrollo de los acuerdos de La Habana, hemos de entender una realidad. Los documentos pertinentes están firmados por las partes; el Acuerdo Final fue suscrito, a nombre del Estado, por el Presidente de la República y nos compromete; la Constitución ha sido reformada por el Congreso para que actos legislativos y leyes sean velozmente aprobados, sin discusión; el Presidente de la República goza de amplias e imprecisas facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley; y todo ha sido avalado por la Corte Constitucional en un extraño fallo de estructura muy discutible aunque vinculante.
Es decir, la suerte está echada. Ya, sobre lo actuado no cabe seguir debatiendo. Se dijo lo que se debía decir, oportuna y claramente; se han dejado las constancias públicas acerca del erróneo manejo del proceso por parte del Gobierno, y ahora, ante la realidad de lo actuado, respaldado por los jueces constitucionales -aunque se discrepe de los fallos, deben ser respetados-, lo que cabe es mirar hacia el futuro y buscar que el cumplimiento de lo acordado se produzca sin traumatismos y genere una verdadera paz, “estable y duradera”, como dicen los acuerdos. Que la entrega de las armas por parte de las Farc tenga lugar en los términos definidos; que los desmovilizados se trasladen a las zonas de concentración; que el Estado cumpla su palabra en lo que a él corresponde y que la antigua guerrilla haga lo propio; que sean devueltos a sus familias los secuestrados y los menores reclutados, como ha debido ocurrir hace mucho tiempo. En fin, que se cumpla todo pacíficamente.
Ya se aprobó la Ley de amnistía e indulto, como lógica consecuencia de lo convenido, y deben quedar en libertad aquellos guerrilleros que no eran procesados por crímenes atroces, de lesa humanidad, o de guerra cometidos en forma sistemática. Ya vendrá la Jurisdicción Especial de Paz.
De buena fe y con confianza en que la reconciliación proclamada sea auténtica y palpable, y en que el Gobierno cambiará su rumbo en materia social y económica para bien de las grandes mayorías, iniciemos el año trabajando y estudiando, con dedicación y entrega. Ojalá –Dios quiera- gocemos de una mejor situación cuando finalice 2017.
