Es -como lo decía en la emisora LA VOZ DEL DERECHO- lo que acaba de pasar en Venezuela: el Presidente Nicolás Maduro y su Canciller Delcy Rodríguez anunciaron y formalizaron ante la Asamblea General el retiro de la Organización de Estados Americanos OEA.              

 

La situación de Venezuela, en todos los aspectos, es crítica en grado sumo. La economía está destrozada; la inflación galopante; la devaluación de la moneda, completamente fuera de control; desempleo, escasez, mala salud y hambre por todas partes. La ilegitimidad del régimen, aunque el Gobierno fue elegido popularmente, es ostensible. Se ha roto la institucionalidad. No hay una separación real de funciones públicas, ni impera el Estado de Derecho. Las protestas, reclamando que se recobre el genuino curso de la legalidad, y que se abran las posibilidades de elecciones, inundan las calles de las ciudades venezolanas, todos los días. Al parecer, no cesarán mientras el estado de cosas permanezca igual.  

      

En los últimos días, arguyendo que se prepara un golpe de Estado -como si no lo hubiera dado el Tribunal Supremo contra la Asamblea-, Maduro ha armado a las milicias y ha desplegado a las fuerzas militares y policiales para reprimir las protestas, lo que ha causado ya al menos 26 muertos, numerosos heridos y cientos de detenidos. El caos se ha enseñoreado del vecino país.

 

Maduro dice defender la democracia, pero lo hace por métodos totalmente contrarios a ella. Y dice favorecer los derechos de los venezolanos para determinar los destinos del país de manera independiente, pero no permite que se expresen en las urnas, ni en las calles. Dice sostener el imperio de la Constitución, pero la ignora a cada paso.

Además, el gobernante venezolano no parece tener idea de lo que es el Derecho, ni tiene voluntad alguna de someterse a sus dictados.  

           

La OEA, por su parte,  hace lo que le corresponde, para velar por el respeto a los Derechos Humanos, llama la atención sobre la crisis, reclama el regreso a la democracia y a la institucionalidad. Y en respuesta, Venezuela se retira de la Organización.  

     

Desde luego, así no pueden ser las cosas en Derecho. La reacción venezolana no puede ser de facto, como pretende Maduro. Hay unas reglas, unos procedimientos, unos tiempos y una responsabilidad internacional, que deben tener lugar, y que, quiera o no, deberán cumplirse.

 

Según el artículo 143 dela Carta de la OEA, suscrita en Bogotá el 30 de abril de 1948, ella “regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”.

 

El Jefe de Estado venezolano no puede romper las cartas con tanta facilidad como cree.