En el curso de una tormentosa sesión, ha sido elegida por el Senado la doctora Diana Fajardo como magistrada de la Corte Constitucional. Nada tenemos contra ella, y por el contrario, confiamos en que su inteligencia y carácter le permitirán, tras su juramento, desembarazarse pronto del compromiso, los condicionamientos  y las ataduras que públicamente le quisieron imponer algunos de sus electores.

Fue increíble e inaceptable la falta de responsabilidad de quienes, desde los micrófonos o recorriendo las curules senatoriales, amenazaron a sus colegas afirmando que, si no elegían a la doctora Diana, las Farc acabarían con el Acuerdo de Paz, "se pararían de la mesa" y regresarían a la guerra. Una forma de extorsión con la cual  fueron irrespetados el Senado, la Corte Constitucional,  los integrantes de la terna y  la Corte Suprema, que la elaboró. Y vimos con tristeza hasta qué punto se ha pervertido el proceso de elección de los magistrados. Sencillamente lamentable.

La primera ofendida fue la doctora Fajardo,  cuya dignidad como lo que es ahora -una magistrada de la más alta corporación judicial- no podía, ni puede aceptar que se la comprometa con el sentido de sus futuros votos en el ejercicio del control de constitucionalidad. 

El compromiso que contrae la nueva magistrada es con la Constitución y el hecho de que haya manifestado públicamente que "está jugada por la paz" -uno de los primordiales valores constitucionales- no implica anuncio de que hará caso a la invitación a prevaricar. Creemos que ella estudiará a cabalidad las normas que serán sometidas a su examen; que, con entera autonomía, preparará sus ponencias y votará con un criterio jurídico y según su conciencia, y que fallará en Derecho, ya sin el temor de perder apoyo electoral.

A diferencia de algunos de sus electores, no ejerceremos aquí la más mínima presión sobre la magistrada, ni sobre sus colegas, para que voten a favor o en contra de las normas mediante las cuales se implementa el Acuerdo de Paz. Le recordamos, sí, que su compromiso no es con el Gobierno, ni con sus electores, ni con quienes la postularon, sino con la Constitución colombiana de 1991, a la cual deben someterse todas esas disposiciones, y que  la altísima misión de la Corte Constitucional consiste en velar por la integridad y supremacía de la Constitución. No tenga miedo la magistrada, en cuya juridicidad e independencia confiamos: ya los senadores no la pueden despojar de su investidura, ni condicionar sus votos. Ni le pueden exigir gratitud. Está libre. Buen viento y buena mar.

Ah. Y que el ex presidente Samper no siga diciendo que los magistrados que cumplen con su deber “le ponen conejo a la Paz”. Pésimo mensaje.