Como lo expresamos en columna radial, fue inaceptable la falta de responsabilidad de senadores que, desde los micrófonos o recorriendo las curules senatoriales, amenazaron a sus colegas afirmando que, si no elegían a la doctora Diana, las Farc acabarían con el Acuerdo de Paz, "se pararían de la mesa" y regresarían a la guerra. Una forma de extorsión con la cual fueron irrespetados el propio Senado –que no ha debido votar bajo coacción-, la Corte Constitucional –cuyos magistrados no son títeres de quienes los eligieron-, los integrantes de la terna –juristas respetables- y la Corte Suprema, que la elaboró. Y vimos con tristeza hasta qué punto se ha pervertido el proceso de elección de los magistrados. Sencillamente lamentable.
La primera ofendida fue la doctora Fajardo, cuya dignidad como lo que es ahora -una magistrada de la más alta corporación judicial- no podía, ni puede aceptar que se la comprometa con el sentido de sus futuros votos y ponencias en el ejercicio del control de constitucionalidad.
Esos congresistas son los mismos que -con reprochable fanatismo- censuraron a la Corte Constitucional por haber ejercido la función que le corresponde; por haber salvaguardado el imperio de la Constitución; por haber proferido una sentencia mediante la cual, como atañe al juez de constitucionalidad, fueron expulsados del ordenamiento jurídico unas normas que contrariaban principios esenciales de la Carta Política.
Pero quienes así obraron pueden llevarse sorpresas. Hacemos votos porque así sea. El compromiso que contrae la nueva magistrada es con la Constitución y el hecho de que haya manifestado públicamente que "está jugada por la paz" -uno de los primordiales valores constitucionales- no implica anuncio de que aceptará la invitación a prevaricar. Creemos que ella, justamente por la incómoda posición en que fue puesta, ya como magistrada, estudiará a cabalidad las normas que serán sometidas a su examen; que, con entera autonomía, preparará sus ponencias y votará con un criterio jurídico y según su conciencia, y que fallará en Derecho, ya sin el temor de perder apoyo electoral.
A diferencia de algunos de sus electores, no ejerceremos aquí la más mínima presión sobre la magistrada, ni sobre sus colegas, para que voten a favor o en contra de las normas mediante las cuales se implementa el Acuerdo de Paz. Le recordamos, sí, que su compromiso no es con el Gobierno, ni con sus electores, ni con quienes la postularon, sino con la Constitución colombiana de 1991, a la cual deben someterse todas esas disposiciones, y que la altísima misión de la Corte Constitucional consiste en velar por la integridad y supremacía de la Constitución. No tenga miedo la magistrada, en cuya juridicidad e independencia confiamos: ya los senadores no la pueden despojar de su investidura, ni condicionar sus votos. Ni le pueden exigir gratitud. Está libre. Buen viento y buena mar.
A propósito. Está muy mal que el ex presidente Samper diga que los magistrados que cumplen con su deber y que no prevarican "le ponen conejo" al proceso de paz.
