Es urgente que se adelanten al respecto, y con toda seriedad y sinceridad, todos los debates a que haya lugar, y poner en práctica mecanismos efectivos que permitan, en el más corto plazo sanear las costumbres, reparar los muchos daños ya causados y sobre todo, prevenir. Un examen de conciencia colectivo, en busca de razones, causas y correctivos, en los diferentes ámbitos de la vida social.

Erradicar las distintas modalidades de corrupción y castigar con rigor a los corruptos, son hoy imperativos ineludibles, en especial para gobiernos, jueces, fiscales  y órganos de control, para no seguirnos moviendo indefinidamente en un mar de suciedad y delincuencia.

La corrupción no es nueva -al punto de haber derribado imperios-, aunque renovadas modalidades de ella han surgido y se han desarrollado en la vida moderna, y por paradoja, al amparo o por mal diseño  de los controles legislativos y judiciales, o  por indebido aprovechamiento de los sistemas jurídicos que proclaman y propician la efectividad de derechos y libertades.

No es extraño que ordenamientos legales que buscan supervisar el cumplimiento de normas vigentes, por ejemplo en materia de tributos en los mismos procedimientos que buscan esclarecer los hechos en casos de delitos o contravenciones, se presten –infortunadamente- para lo contrario, y estimulen las prácticas corruptas. Acabamos de ver,  en Colombia, cómo funcionarios designados en cargos con gran poder, justamente  para perseguir y sancionar la corrupción,  han caído -y de qué manera-  en ella, aprovechando y pervirtiendo esos mismos poderes que les fueron otorgados.

Disposiciones establecidas en las reformas tributarias de marcada orientación fiscalista y sancionatoria, que desesperan a los contribuyentes y dotan de amplias facultades y gran credibilidad a visitadores, inspectores y contralores,  multiplican las causas de corrupción porque abren o incrementan las posibilidades de extorsión, concusión, cohecho, coimas y compra de conciencias.

Lo propio ocurre con la permanente creación de nuevos delitos  o infracciones penales y disciplinarias. Y ello porque, cometidas las faltas y para evitar la cárcel o la sanción, muchos  prefieren comprar a funcionarios y empleados ( desde luego, de aquellos que se dejan comprar) que enfrentar los procesos con argumentos jurídicos, alegatos y pruebas. Unos y otros -los que compran y los que venden la conciencia y manipulan las normas- son corruptos.

El espacio de esta columna no nos permite explayarnos en otras muchas causas, entre ellas la palpable y progresiva pérdida de valores, principios y auto control; la búsqueda del dinero fácil; el fatal “efecto demostración”;  la obsesión por el lujo;  el desbarajuste de la moral pública; la contemporización con corruptos y delincuentes dentro del erróneo concepto del “todo vale” con tal de alcanzar los fines buscados.