Como lo venimos afirmando desde hace tiempo, ante el Derecho Internacional Humanitario y ante la Constitución colombiana, el reclutamiento de menores por parte de organizaciones armadas ilegales se constituye en un crimen de la mayor gravedad, pues no solamente implica la privación de la libertad de personas especialmente protegidas por el sistema jurídico sino el daño a las familias, el permanente peligro para la vida, la salud y la integridad de los reclutados -que  son usados como "carne de cañón"-  y el adiestramiento de ellos en el crimen y la violencia.

Desde los inicios del proceso de paz con las Farc dijimos que, además de la liberación de todos los secuestrados, el Gobierno debía haber exigido a la organización guerrillera -como condición indispensable para continuar los diálogos- la entrega de los menores de 18 años que permanecieran en sus filas por haber sido reclutados en violación del Derecho Internacional Humanitario.

El Gobierno y los negociadores hicieron caso omiso de las advertencias y persistieron en el proceso sin que esos elementos fueran siquiera considerados.

Después han venido engañando a los colombianos, en especial a las familias de los menores -que han estado en verdadero cautiverio-. Primero dijeron que liberarían a los menores de 15 años; luego a los menores de 17, cuando la edad para que una persona sea considerada menor no es esa, sino la de 18 años. Anuncios y más anuncios, y nada en realidad.

Más tarde entregaron a unos cuantos. 13 o 14. Una cifra en todo caso  insignificante que pareció una burla, frente al verdadero número de menores reclutados. El comisionado de paz respaldaba siempre los anuncios, y en marzo de este año el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, sostuvo que se iniciaba la primera operación humanitaria para recibir a los menores de edad que saldrian de las zonas veredales donde están en las FARC.

Y ahora dicen las Farc que no entregarán a más menores, lo cual significa que no solo incumplen los acuerdos de paz sino que persisten en la violación de las normas nacionales e internacionales aplicables.

Y nos preguntamos: ¿puede haber personal reclutado, menor o mayor, por una organización guerrillera desmovilizada? ¿No nos habían dicho que las Farc se acabaron?