Aunque hemos manifestado -y lo reiteramos- que la causa fundamental de la grave crisis por la que pasa la Justicia en Colombia no reside en las normas vigentes sino en la falta de dignidad de personas en concreto y en la generalizada pérdida de valores morales y de principios, lo cierto es que, dado el alto grado de desprestigio que las conductas, abstenciones y moras han generado en el sistema vigente, se hace indispensable reformarlo.

Además, la polítiquería y la pérdida de independencia de los órganos encargados de aplicar el sistema  está predominando en todas las decisiones, y la polarización que se advierte en todas las esferas por causa de la implementación de los acuerdos de paz hacen muy difícil que, en el actual estado de cosas, se llegue a garantizar que se tendrán procesos eficientes, prontos e imparciales. Es necesaria la reforma del sistema en su integridad y por un cuerpo independiente de origen popular, y para ello la única vía es una asamblea constituyente.

Ya se vió que los resultados de un plebiscito -y lo mismo pasaría con un referendo- no son respetados por el Gobierno, ni por el Congreso. Por tanto, como en Derecho las cosas se deshacen como se hacen, resulta inaplazable la convocatoria de una asamblea que supere las actuales diferencias políticas y que refleje la voluntad de verdadera paz y justicia del pueblo colombiano. 

La reforma que, en materia de administración de justicia introdujo el Congreso mediante Acto Legislativo 02 de 2015 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, partiendo del supuesto de que se se sustituía la Carta Política, aunque, en una gran contradicción, la propia Corte declaró que procedimientos como el "Fast track" y la "refrendación popular" del Acuerdo de Paz (sustituyendo el Congreso al pueblo) no sustituían la Constitución. 

Entonces, como tampoco se puede depender de los bruscos e inexplicables cambios de jurisprudencia de la Corte Constitucional, el camino indicado es volver a la Constituyente, y no solamente por razón de la crisis en la administración de justicia sino por la crisis institucional que se ha profundizado en el último año por causa de actuaciones del Ejecutivo y del Congreso, que han resuelto, mediante interpretaciones acomodaticias, pasar por encima de los principios y mandatos constitucionales para lograr objetivos de corto plazo. Se ha desconocido y adulterado sin rubor el orden jurídico que venía en vigencia y se lo ha reemplazado por un caos normativo en el que nadie sabe cuál es la Constitución, ni hasta dónde llegan las atribuciones de los órganos del poder público.