Desde luego, de allí dependen muchas cosas, porque de quién sea el Presidente de la República y de cuáles serán sus criterios acerca de los grandes temas que interesan al país se desprenderán los actos y decisiones inmediatas que adopte, las políticas que emprenda,  y las propuestas que presente para los cuatro años de su administración. Desde luego, también será trascendental que el nuevo gobierno cuente con un buen apoyo en las mayorías del Congreso para la realización de los propósitos nacionales.

Pero, de manera concreta, hay desafíos que deberán enfrentar tanto el próximo gobierno, sea cual sea su jefe, como el Estado colombiano en su conjunto, con el fin de evitar que la República se diluya y que fracase el sistema democrático.

Enunciamos algunos:

Hay necesidad de emprender una lucha franca y sin cuartel contra la corrupción, no solamente la que afecta a los órganos de la administración sino la que ha venido aumentando en parte de la rama judicial –inclusive en altas corporaciones- y en otras instituciones, en los departamentos y municipios, en la contratación pública, en la salud, en la educación y en la actividad política, a todos los niveles. Se requiere una labor que integre al Gobierno, al Congreso, a la Procuraduría General, a la Fiscalía General, a los tribunales y a los jueces, para que de manera cierta e implacable se aplique la ley y se impongan las sanciones a los responsables -caiga quien caiga-, sin permitir la impunidad, a la vez que se adopten las medidas y políticas indispensables para cerrar las fuentes, puertas y mecanismos que suelen usar los corruptos para lograr sus nefastos propósitos.

La economía colombiana está muy mal. Nos han rebajado la calificación. El desempleo real -que es el que debería medir al DANE-  es enorme, y quienes trabajan reciben unos salarios exiguos -quizá los más bajos en Latinoamérica-, a la vez que las empresas no resisten la irracional e inequitativa carga tributaria existente.

Los nuevos gobernantes y congresistas -por ahora, quienes aspiran a serlo- deben tomar conciencia acerca de los daños enormes que al país ha causado y causa el narcotráfico. El territorio está infestado de cultivos de coca y, en cuanto a la posible descertificación de los Estados Unidos, dependemos del variable e inestable genio de Donald Trump. 

A esa proliferación de la coca hay que ponerle coto de manera urgente, no solo con la presencia de la Fuerza Pública sino con la actividad de los fiscales y jueces, así como mediante políticas sociales y económicas eficientes que permitan la supervivencia de las comunidades indígenas y campesinas que han venido dependiendo de esos cultivos para su subsistencia.

En materia de micro tráfico de estupefacientes, la situación es gravísima, pues se ha incrementado el consumo con base en la discutible tesis del libre desarrollo de la personalidad, inclusive en escuelas y colegios. Es necesario hacer efectiva la prohibición de la dosis personal, del porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas (A.L. 2 de 2009), y dotar a las autoridades de policía, a los fiscales y a los jueces, de las herramientas necesarias para capturar,  someter a proceso y condenar a los responsables del micro tráfico.  

Como lo hemos escrito, el orden jurídico ya no es un orden sino un maremágnum, en cuanto la Constitución ha sido manoseada, en parte sustituida y rota su estructura por normas aprobadas a la carrera, sin estudio ni debate, y por vacilantes y contradictorias sentencias de control constitucional.

Es mucho lo que se debe hacer este año, tanto por el Gobierno como por las otras ramas y órganos del poder público.