En su discurso de toma de posesión, el Presidente Iván Duque hizo varios anuncios de gran importancia, particularmente en lo que tiene que ver con sus propósitos de enfrentar con dureza males que afectan a nuestra sociedad como la corrupción, el narcotráfico y el secuestro. Se trata de asuntos de fondo relacionados con la agenda legislativa y con la actividad inmediata del Gobierno y que no han sido destacados en forma suficiente, quizá por el impacto que causó el previo discurso del Presidente del Congreso, el Senador Ernesto Macías.

 

Como se recordará, que el narcotráfico y el secuestro no fueran  considerados delitos conexos con los delitos políticos como la rebelión, la sedición o la asonada, fue algo que pedimos en todos los tonos cuando el tema se discutía en La Habana. No nos hicieron caso, y eso fue muy dañino para el proceso de paz.

 

Lo que propone el Jefe del Estado significa que esos delitos no podrán ser amnistiables. Que se hubiera cometido el error de establecer esa conexidad, plasmada en los acuerdos de paz y en las reformas introducidas -sin que la Corte Constitucional lo condenara con claridad- ha ocasionado una gran confusión en la ejecución de tales acuerdos y repercutirá sin duda en las decisiones que adopte la Jurisdicción Especial de Paz en casos concretos.

 

Así que estamos totalmente identificados con el proyecto de Acto Legislativo que en esa materia se presente al Congreso. Es una iniciativa trascendental, que -debe advertirse- producirá efectos únicamente hacia el futuro, pues en procesos sobre hechos pasados operará el principio constitucional de favorabilidad.

 

Como también nos parece pertinente y viable la propuesta presidencial de endurecer las penas contra los corruptos; que al respecto opere la imprescriptibilidad; que esos delincuentes no gocen de beneficios, ni se les pueda otorgar la ventaja de casa  por cárcel. Si el Gobierno y el Congreso asumen como suya esa lucha contra la corrupción y adoptan los proyectos indispensables, ya no sería necesario incurrir en los altos costos de la consulta popular convocada, pues lo preguntado mediante ella ya estaría respondido favorable y anticipadamente por los órganos competentes.

 

Son iniciativas de gran valor e importancia que apoyaremos con todo entusiasmo.