Hemos venido sosteniendo que la Constitución colombiana ha perdido estabilidad por culpa del ejercicio desordenado de la competencia de reforma mediante la incesante expedición de actos legislativos carentes de integración y de coherencia. Lo cual, por supuesto, lleva a enormes dificultades en la interpretación del estatuto fundamental, en la aplicación de sus disposiciones y en la enseñanza de su contenido a las nuevas generaciones.

Además de las cuarenta y siete reformas introducidas desde 1991, y de las que todavía faltan para la implementación del Acuerdo de Paz, ya el Gobierno de Iván Duque ha radicado varias propuestas más de modificación constitucional -no sabemos cuántas porque suelen presentar los proyectos, retirarlos y volverlos a presentar-, y los partidos con representación en el Congreso tienen sus propias iniciativas, sin contar las que provengan de la iniciativa popular y de la que corresponde a otros órganos estatales. Y, aunque la Consulta del pasado 26 de agosto no obtuvo el umbral suficiente, ni era lo jurídicamente indicado para reformas de la Constitución, ya el Presidente de la República y los promotores de ella anuncian nuevas reformas, en el propósito, desde luego loable, de poner freno a la corrupción y de sancionar a los corruptos.

Es muy probable -y así anunciaron los candidatos presidenciales en campaña- que un asunto en el cual deberá ocuparse el Estado es en la reforma a la administración de justicia. Entendemos que el Presidente Duque ya no insiste en crear una sola Corte, lo que nos parece descabellado y ajeno a la competencia de reforma del Congreso. Pero debemos reconocer que en el país hay una gran preocupación por la manera como viene operando la administración de justicia, y tirios y troyanos tienen el propósito de introducir cambios de fondo en esa materia.

Todo esto hace pensar que, con el objeto de superar una etapa institucional tan difícil como la que atravesamos, lo mejor sería unificar todo en un gran proyecto integral, coordinado y coherente, para que unas disposiciones no se contrapongan a otras y que, si es necesario, se concentre la competencia de reforma en una nueva asamblea constituyente, hoy prevista en el artículo 376 de la Constitución.

Debemos preservar la estabilidad constitucional y velar porque las normas existentes sean cumplidas, pues son varios los asuntos en que el respeto a la Carta Política y su defensa han brillado por su ausencia.