La presunción de inocencia es uno de los elementos básicos de una organización democrática y de un Estado de Derecho. Es garantía de libertad y de justicia. Según ella, las personas no están obligadas a demostrar que son inocentes. La inocencia se presume por mandato constitucional y en virtud de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, de suerte que la carga de la prueba se traslada a quien afirme que alguien ha cometido un delito, y en el proceso respectivo el Estado -por conducto de los jueces competentes-, partiendo de la presunción, no puede condenar sin una plena prueba que la desvirtúe.
El artículo 29 de la Constitución expresa con meridiana claridad:
"Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable".
Lo propio establece el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), a cuya observancia Colombia está obligada:
"Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad".
El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, también obligatorio, señala:
"Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley".
El artículo 248 de la Constitución de 1991 manifiesta: "Artículo 248.- Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales".
Esto quiere decir que tanto el Estado como la sociedad, los partidos políticos, los medios y las redes sociales, deben abstenerse de condenar a una persona y de tenerla por delincuente mientras no se desvirtúe judicialmente la presunción de inocencia, previo un debido proceso adelantado con todas las garantías procesales.
Si esta garantía no se respeta, como parece que se ha puesto de moda en Colombia, estamos retrocediendo a épocas oscuras y abjurando de la democracia y del Derecho.
