Para no ir más lejos, además de muchos otros episodios, lo que ocurrió con un fiscal anticorrupción sorprendido en actos corruptos; el  escándalo del denominado “cartel de la toga”; o lo que ha venido aconteciendo en el caso Odebrecht; el cobro de coimas por la selección de casos de tutela; la manipulación fraudulenta de los mecanismos de reparto de procesos; las prebendas que abogados inescrupulosos ofrecen a jueces y empleados judiciales; la interminable crisis carcelaria, la libertad obtenida por vencimiento de términos…En fin, todo eso tenía que provocar –y ha provocado- la pérdida de confianza  de los colombianos en la justicia. El descrédito –que no lo merecen todos, porque todavía hay jueces y magistrados de gran rectitud y honestidad- ha repercutido en las instituciones, cuya respetabilidad y credibilidad, infortunadamente, son muy escasas y en algunos casos inexistentes.

El ciudadano sigue padeciendo la congestión y las carencias en los despachos, la consabida demora en la adopción de decisiones, el extremo formalismo, la pésima motivación y la contraevidente resolución que se acusan en muchas providencias. Y hasta la delegación en personal subalterno de funciones que deberían ejercer directamente los funcionarios.

Hundido el proyecto de reforma constitucional a la Justicia -que ninguna solución aportaba-, el Gobierno debe emprender desde ya un estudio serio y completo acerca de un estatuto bien estructurado, sin más improvisación, integral, concebido con sentido de respuesta a los muchos problemas que presenta el sistema. Una reforma coherente y armónica, bien pensada, y que de verdad siente las bases de una justicia eficiente y operativa.

Ya son varios los intentos de reforma a la administración de justicia, emprendidos por diferentes gobiernos, sin que nada se haya logrado, y los problemas no solo subsisten sino que crecen y se agravan.

El proyecto presentado por el Gobierno Santos, y aprobado, se frustró por el mismo Presidente de la República, quien lo objetó de manera improcedente, como lo reconoció después el Consejo  de Estado, aunque su fallo no tuvo consecuencias prácticas.

Después, nada logró el A.L. 2/15, conocido como "Equilibrio de Poderes", cuyas normas principales en la materia fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.

La reforma que ahora impulsó el Ejecutivo comenzó con una inexplicable propuesta de restringir la acción de tutela, y previó temas menores como la edad mínima de los magistrados de altos tribunales. Se improvisó demasiado; no hubo una estructura coherente, y brilló por su ausencia el concepto de integralidad del que se había hablado. Se fueron eliminando artículos y al final no había casi nada. Es decir, todo un fracaso. Se requiere un proyecto serio; un conjunto armónico de normas y una mejor disposición de Gobierno y Congreso.

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