Hundido el proyecto de reforma constitucional a la Justicia - que nada solucionaba -, el Gobierno debe emprender desde ya un estudio serio y completo acerca de un estatuto bien estructurado, sin más improvisación, integral, concebido con sentido de respuesta a los muchos problemas que presenta el sistema. Una reforma coherente y armónica, bien pensada, y que de verdad siente las bases de una justicia eficiente y operativa.

Ya son varios los intentos de reforma a la administración de justicia, emprendidos por diferentes gobiernos, sin que nada se haya logrado , y los problemas no solo subsisten sino que crecen y se agravan.

En 2011 se aprobó en el Congreso el proyecto presentado por el Gobierno Santos, pero el mismo Presidente de la República, sin que pudiera hacerlo a la luz de la Constitución, objetó el proyecto por inconveniencia y el Congreso, sin competencia para ello, lo hundió. El Consejo  de Estado declaró que todo eso había sido inconstitucional pero lo dijo en la motivación del fallo, sin consecuencia alguna en la parte resolutiva del mismo.

Después, mediante Acto Legislativo 2 de 2015, conocido como "Equilibrio de Poderes", se introdujeron algunos cambios en la estructura de la Rama, creando un Tribunal de Aforados y modificando en buena parte la estructura del Consejo Superior de la Judicatura, pero las normas pertinentes fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, en el entendido de que implicaban una sustitución de la Constitución.

La reforma que ahora impulsó el Gobierno y que ha fracasado comenzó con una inexplicable propuesta de desalentar y restringir la acción de tutela, y previó temas menores como la edad mínima de los magistrados de altos tribunales, pero se improvisó demasiado , no hubo una estructura coherente, y brilló por su ausencia el concepto de integralidad del que se había hablado. Se fueron quitando artículos y al final no había casi nada.

Se requiere un proyecto que conduzca de verdad a una reforma integral y bien concebida.