Es muy grave lo que está pasando en Colombia con los líderes sociales. Están siendo asesinados en el curso de una escalada sistemática. En siete días de 2019 ya se han cometido seis crímenes.
Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el año pasado fueron asesinados al menos 164 líderes sociales y defensores de DD.HH.
Dice el artículo 2 de la Constitución que, entre las finalidades del Estado están las de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Añade que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Eso, infortunadamente, no se está cumpliendo. Es pura teoría. Hay que decirlo: el Estado ha venido siendo incapaz de garantizar la vida y el normal ejercicio de la actividad que cumplen esas personas, que, lejos de causar daño, prestan un importante servicio a las comunidades y al país.
El Gobierno Nacional debería diseñar y dirigir una política específicamente orientada a brindar la protección que requieren y reclaman los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos. Además de la Fuerza Pública, con el concurso de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, los gobernadores y alcaldes, y con la colaboración de organizaciones sociales. Atendiendo oportunamente las denuncias y solicitudes de las comunidades y de los líderes, y emprendiendo además programas de carácter social en las zonas de mayor peligro. De lo contrario, el Estado y sus autoridades no cumplen su papel y, por omisión, contribuyen a una situación en extremo grave desde el punto de vista humanitario, en desarrollo de un extendido crimen de genocidio.
Algo hay que hacer. El Gobierno tiene la palabra.
