El país y en especial las víctimas de los delitos han reaccionado con indignación ante los beneficios de casa por cárcel, salidas de la cárcel en el fin de año y otros beneficios concedidos por jueces de ejecución de penas a delincuentes de cuello blanco, condenados por corrupción y hasta a un ex miembro de la fuerza pública que asesinó y descuartizó a su esposa. 

 

Entre tanto, miles de detenidos por delitos menores se encuentran hacinados en las congestionadas cárceles, en condiciones infrahumanas y degradantes.

 

La Procuraduría ha recurrido algunas de las providencias, y solicita que sea verificados los casos, con el fin de establecer si estaban cumplidos los requisitos previstos en la ley para obtener tales beneficios.

 

Pero, más allá de los casos específicos, lo cierto es que para delitos tan graves como los cometidos por quienes defraudaron a Bogotá mediante el cartel de la contratación, o a los condenados por corrupción, por crímenes atroces, o por  haber violado y asesinado a menores de edad, no deberían ser autorizados los beneficios o las prebendas procesales, pues ello no significa nada diferente a la impunidad. Además, es inconcebible que los puedan obtener sin haber reparado a las víctimas.

 

La verdad es que en Colombia no hay una política criminal. Se aprueban leyes de aumento o reducción de penas, creación de nuevos delitos, eliminación de otros, beneficios y rebajas por supuesta colaboración con la justicia, principio de oportunidad...En fin, normas y más normas, aprobadas generalmente a las carreras, y sin ningún hilo conductor, sin una esencia que inspire su consagración. Porque no se ha sentado una política criminal.

 

Si a ello agregamos la falta de preparación de algunos jueces, los focos de corrupción existentes en parte de la administración de justicia, las estrategias de los abogados defensores y la tendencia a interpretar y aplicar las disposiciones sin ningún rigor y sin fundamento jurídico, tendremos un panorama desolador en materia de Derecho y justicia penal.

 

Algo debería emprender el Estado para consagrar un sistema coherente, serio y claro, que realice la justicia, y no a la inversa.