El ejercicio del poder estatal en cualquiera de sus manifestaciones exige dos condiciones fundamentales: debe ser legal y debe ser legítimo. Los dos conceptos, aunque guardan relación, no son equivalentes. Mientras la legalidad consiste en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento positivo del Estado, es decir, en la Constitución y en las leyes, para que alguien acceda al ejercicio de las funciones públicas, la legitimidad va más allá: tiene que ver con la sujeción a los postulados y valores imperantes en el seno de la sociedad, con el ejercicio razonable, correcto  y honesto de la función, con la aceptación de la comunidad en cuanto el acceso y el ejercicio mismo del poder corresponden al Derecho -que no se confunde con la ley, ni se agota en ella-, al compromiso de orden superior y al respaldo del pueblo.

 

Alguien puede hallarse en el caso de una elección o nombramiento válido desde el punto de vista legal para desempeñar un cierto cargo, pero caer en la ilegitimidad por el abuso del poder conferido, por la arbitrariedad y las vías de hecho, que llevan a que la comunidad retire al sujeto su respaldo y aceptación por haber desbordado los límites institucionales y por haber desconocido el Derecho, o por haber prolongado su mandato mediante procedimientos inválidos que disfrazan de admisible y correcto lo que en realidad no lo es.

 

En una democracia, esa legitimidad ante el pueblo es indispensable para que alguien pueda ejercer el poder. 

 

Casos recientes en nuestros países muestran a las claras lo que significa el concepto de legitimidad y señalan el ejercicio ilegítimo del poder. Así, la posesión de Nicolás Maduro para un nuevo período de seis años previa una elección por fuera de los requisitos constitucionales y legales -en ese sentido, fue contraria a la legalidad- y además, dado un ejercicio abusivo del poder, todo el conjunto de lo actuado muestra una abierta y ostensible ilegitimidad.

 

Lo propio ocurrió con el Fiscal del Perú, y ocurre, según muchos, con la pérdida de credibilidad e imparcialidad del Fiscal colombiano. 

 

 

 

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