Un crimen horrendo que ha conmocionado al país y que ha sido entendido en medios de comunicación internacionales como un inexplicable regreso a épocas oscuras en que prevaleció la violencia.

Se trata, en efecto, de un cobarde, brutal  y premeditado atentado terrorista, perpetrado a sangre fría y con la deliberada intención de causar el mayor daño posible,  contra personas inocentes e indefensas -los cadetes, jóvenes estudiantes desarmados, que participaban en una ceremonia de graduación-, contra la humanidad, contra las instituciones, contra nuestra organización republicana y contra la sociedad.

Dolor, muerte y miedo en el seno de la comunidad. Y publicidad para sus actos, con un malévolo efecto multiplicador de temor y hasta de pánico. Es lo que persigue el terrorismo, y lo que en efecto consigue. De modo que, por definición, el terrorismo es enemigo de la sociedad, de la paz y de los Derechos Humanos y debe ser combatido por el Estado con decisión.

Si, como es probable, la organización terrorista que preparó y llevó a término este execrable delito quería enviar un mensaje y un desafío al Gobierno para mostrar su fuerza y  con el objeto de presionar un proceso de diálogo, como ya sabemos que lo conciben y creen los movimientos armados ilegales, estaba muy equivocada. Con lo que han hecho, unido a los varios actos terroristas en que han venido incurriendo, han cerrado toda posibilidad de un proceso de paz, porque no se puede buscar la paz mediante la violencia. En ello, según entendemos, está de acuerdo el Presidente de la República Iván Duque.

La reacción del Jefe del Estado no puede ser otra que la de ejercer el liderazgo necesario para combatir el terrorismo, como supremo comandante de la fuerza pública, y la de buscar la aplicación de la justicia en coordinación con la Fiscalía General.

El Estado no se puede amilanar, ni mostrar debilidad, y por el contrario, está obligado a hacer uso de los instrumentos legítimos que le ha entregado la Constitución para salirle al paso al delito, investigar a fondo y con eficacia y oportunidad  los hechos, adelantar las labores de inteligencia, someter a los delincuentes, juzgarlos y sancionarlos con arreglo al ordenamiento jurídico, con el fin de garantizar la vigencia de las instituciones democráticas y de proteger la vida, integridad y bienes de todas las personas residentes en Colombia.

Creemos que la Fiscalía y los organismos competentes deben adelantar las necesarias investigaciones para dar con los autores intelectuales de este crimen, y que el Gobierno Nacional  y las Fuerzas Armadas de la República deben reforzar la seguridad en todo el país para proteger a la población, y debe perseguir y combatir a las organizaciones terroristas que persisten en una actividad tan despreciable y dañina como el terrorismo.