En comunicado de las últimas horas, el ELN reconoce que esa organización subversiva fue la responsable del crimen de lesa humanidad cometido el jueves 17 en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, que arrojó el doloroso saldo de veinte muertos y muchos heridos. Las víctimas, indefensas, desarmadas y desprevenidas, fueron alcanzadas por la mortífera explosión del carro bomba cargado con al menos 80 kilos de pentolita y conducido por un guerrillero asesino.

El pueblo colombiano, en marchas llevadas a cabo en todas las ciudades del país, se pronunció ayer domingo 20 de enero, sin convocatoria de origen partidista -espontáneamente-, y envió un mensaje contundente y claro: fue un rechazo general contra toda forma de terrorismo, de crimen, de violencia, venga de donde viniere.

En primer lugar, este no puede verse como un acto propio de la guerra, porque va contra los derechos humanos y quebranta el Derecho Internacional Humanitario. No es sino un cobarde acto de terrorismo respecto al cual no puede haber impunidad, ni cabe diálogo de paz, pues el Estado no se puede comprometer a dejar impune un crimen de semejantes dimensiones.

En segundo lugar, el Gobierno del presidente Duque no podía hacer nada distinto de lo que hizo: levantar la mesa de diálogo que se reunía en La Habana. Y, en consecuencia, dejar sin efectos la suspensión de las órdenes de captura en contra de los voceros del ELN en esas engañosas conversaciones. Tiene toda la razón el Gobierno: no se puede dialogar con una organización terrorista que ha demostrado hasta la saciedad no tener ninguna voluntad de paz, y que quiere presionar al Estado mediante la violencia.