Como en las marchas estudiantiles de finales de 2018 y en otras movilizaciones de protesta, en el paro nacional programado para el 25 de abril contra el Plan Nacional de Desarrollo hubo infiltrados violentos y disturbios en la Plaza de Bolívar y otros sitios del centro de Bogotá, provocados por sujetos enmascarados que atacaron a la Policía y desencadenaron el desorden, dando lugar a la disolución prematura de una manifestación que, hasta su ilegítima irrupción, fue pacífica.

En una democracia, el derecho de reunión, la libertad de expresión, los derechos de la oposición y el derecho a la protesta deben estar garantizados, y así lo contempla la Constitución Política de 1991, cuyo artículo 37 establece:

"Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho".

Es decir, la reunión garantizada es la pacífica. La que no implica violencia, daño a las personas, a las autoridades, a los bienes públicos o privados, a las vías públicas, a los edificios oficiales o a los medios de comunicación, al patrimonio histórico, a los templos o lugares de culto religioso. El vandalismo no está garantizado. Es delictivo y quienes lo promueven y ejecutan deben ser sometidos a la jurisdicción, procesados y sancionados.

Los infiltrados, además, causan daño a quienes marchan y protestan, pues malogran los objetivos perseguidos por sus organizadores, y desfiguran su actividad. Es decir, van contra los derechos y garantías.

La Policía Nacional cumple una función consistente en la protección de la ciudadanía y garantiza también la integridad de quienes marchan o protestan. Debe ser respaldada por la sociedad. No tiene por qué ser atacada. Aunque, desde luego, tampoco debe abusar de sus facultades,  mediante el uso excesivo de la fuerza o la violencia contra los manifestantes pacíficos.

En el caso de las marchas de ayer, hay varios capturados. Es muy importante que se lleven a cabo las diligencias judiciales necesarias con el objeto de que, sobre pruebas contundentes como las que existen según la Policía Nacional, se adelanten los procesos correspondientes y se aplique la ley.

Está garantizada la protesta. No la violencia, el vandalismo, ni el caos.