La estabilidad de la jurisprudencia -en las distintas jurisdicciones- es uno de los factores de mayor trascendencia para la configuración de la indispensable seguridad jurídica que requiere la sociedad.
A medida que los altos tribunales van adoptando decisiones que consignan en sus sentencias, van dejando una huella que sirve para orientar a los ciudadanos sobre el sentido del Derecho, pues trazan las líneas interpretativas de las normas que aplican en ejercicio de sus competencias. Es la jurisprudencia, que confiere al ciudadano una fundada idea acerca de la manera como posiblemente se resuelvan nuevos casos sometidos a la administración de justicia.
La jurisprudencia -en cuanto va señalando el debido entendimiento de las normas- debe guardar coherencia y dar lugar a una razonable previsibilidad sobre futuras decisiones. Para ello, la jurisprudencia ha de ser estable, lo cual no quiere decir que no pueda evolucionar. Esto último también es necesario, para que el sistema jurídico pueda adaptarse a los cambios que sufre la sociedad por factores sociales, económicos, culturales o generacionales.
Pero la evolución debe ser proporcionada a la función que cumple la jurisprudencia, y ha de consultar ante todo el Derecho vigente, de modo que no implica modificaciones bruscas o inexplicables. Tiene que ser fundada, motivada y firme. De suerte que no se diga un día una cosa y al poco tiempo la contraria, dando lugar a la incertidumbre y la sorpresa, que son propias de la inseguridad jurídica.
Nuestros altos tribunales, en la última época, suelen sorprender y cambiar sin mayores explicaciones su jurisprudencia. Especialmente en materia constitucional, pero también en el campo de la justicia ordinaria y en la contencioso administrativa, ello genera enorme inseguridad y lejos de realizar el Derecho, causa desorden y confusión entre los ciudadanos.
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