En la esquina nororiental, en Santander, el procaz alcalde de Bucaramanga ridiculizó la legitimidad pensional de quienes tienen que, 24/7, sacrificar la propia vida si fuere necesario en defensa del país, además de ser los únicos que incurren en el delito de cobardía “en presencia del enemigo o delincuentes”, dice la ley. Hernandez, no acomete con igual saña a los educadores, miembros del otro régimen pensional especial. ¿Ese descomedido embate forma parte de la andanada que con oscuros intereses, soporta nuestra institución bicentenaria? La posterior reunión del burgomaestre con algunos simpáticos reservistas sin representación alguna, no resarce su maltrato a nuestros soldados y policías. Ojalá en su frenesí, a ese folclórico personaje no se le ocurra darle un cocotazo a ningún Suboficial u Oficial. Podría encontrar la horma de su zapato.
Opinión: DE RESISTENCIAS Y BOCONES. John Marulanda Destacado
“Resistencia” es la remozada piedra filosofal de los alquimistas comunistas castristas. En “resistencia”, cubanos entrenan a agricultores en Saravena, Arauquita, Arauca, Tame y regiones fronterizas con Venezuela. Las farc apertrechan una ‘Resistencia Campesina’ con pobladores de Magüi Payán en la frontera con Ecuador. Y allí, el gobernador de Nariño amenaza con declararse en “resistencia”, cuando el gobierno re inicie la fumigación de cultivos ilícitos. Los resguardos indígenas del suroccidente colombiano, rebosantes en coca y marihuana, son territorios independientes de donde la Fuerza Pública fue echada a escupitajos, que tienen autonomía administrativa, corrupta por supuesto; justicia propia, a punta de fuetazos y cepos; economía autógena basada en narcotráfico y en minería ilegal y seguridad autonómica a cargo de las Guardias indígenas, estructuras paramilitares garroteras legalizadas en los acuerdos habaneros, reclutadoras de niños a quienes disciplinan a punta de formaciones y de gritos y entrenan en odiar a la Policía y al Ejército. Estos resguardos, son soberanías de la ilicitud habitados por tribus en mingas con explosivistas de dotación y que tratan de darle valor político a sus desmanes ritualistas con el mismo argumento del gobernador Romero: “450.000 pesos recibe una familia que siembra coca. Esa es la oferta de la criminalidad. ¿Y cuál es la del Estado? Ninguna”. Principio explicativo y justificativo de la prostitución y el mercenarismo mafioso. Y de la “resistencia”. La región Cauca-Nariño, con más cultivos de coca que el Perú, amenaza con convertirse en una narcoautonomía si el Estado con la legitimidad que posee, bajo parámetros legales y con severidad, no somete al imperio de la ley a TODOS los colombianos y extranjeros que delinquen allí.
John Marulanda
Consultor Internacional en Seguridad y Defensa
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