Nada de eso. Esto no es un reinado. Se trata -ni más ni menos- de seleccionar, para todo un cuatrienio, a los más altos dignatarios de dos de las tres ramas del poder público: a quien tendrá sobre sus hombros la enorme responsabilidad de ejercer la jefatura del Estado, la representación de Colombia ante el comunidad internacional, la jefatura del Gobierno y la máxima autoridad administrativa, y a quienes -se supone- representarán al pueblo en las cámaras, y, en esa condición, habrán de dictar las leyes que a todos nos afectan y que todos debemos cumplir; decidirán sobre los impuestos, tasas y contribuciones que debemos pagar y acerca de nuestros derechos, obligaciones y deberes; aprobarán o improbarán las reformas constitucionales y ejercerán el necesario control político sobre el Gobierno y la administración nacional.   

Tampoco escogeremos en las urnas a los que mejor paguen por los votos, lo cual es corrupto, delictivo y vergonzoso, y ha facilitado y permitido que lleguen al Congreso personas ineptas e irresponsables, que votan según lo que otros les ordenan, sin el más elemental conocimiento acerca de las funciones que se les han confiado, y sin ningún respeto hacia las normas constitucionales y reglamentarias que deben aplicar en el desarrollo de la función legislativa. Por todo lo cual, en el presente período han sido aprobados esperpentos como la ley de seguridad ciudadana, la suspensión de la ley de garantías y reformas tributarias regresivas e inequitativas, a la vez que no se ha ejercido el control político y han sido negadas -contra toda evidencia- fundadas mociones de censura. 

Entre tanto, si algo vemos, es un estado de cosas inconstitucional, que ya está comenzando a ser declarado por la Corte. Narcotráfico, terrorismo, desaforado incremento de masacres, líderes sociales y cívicos asesinados, desplazamiento, atentados, sicariato, impunidad, amenazas por parte de tenebrosas organizaciones criminales, inseguridad, justicia por propia mano, feminicidios, infanticidios. Y, ante todo ello, la más absoluta indolencia social, la incapacidad y pérdida de control del Estado, cuyos dirigentes estiman que todo se soluciona aumentando las penas, disfrazándose de policías, ofreciendo recompensas o prometiendo que sobre los culpables “caerá todo el peso de la ley”. 

Desempleo, pobreza, negocios y comercios cerrados por causa de la pandemia, amplias zonas del territorio completamente abandonadas, carencias en materia de salud, educación, agua potable, trabajo, seguridad, aumento exagerado de los precios, sin control ni intervención estatal. Y no hay propuestas, ideas, ni programas. Todos empeñados en la imagen y en bloquear a un determinado candidato.

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