El mundo entero habla de un nuevo contrato social que permita prevenir desastres sociales y económicos como el provocado por la pandemia sanitaria de la covid-19. Esta discusión reconoce, tácitamente, que la iniciativa del sector privado solo es buena para crear riqueza material; pero el bienestar social, anhelo de toda humana existencia, solo lo puede garantizar el Estado.
En el centro de esta discusión aparece cuestionado, una y otra vez, el modelo neoliberal. Y las últimas recomendaciones sobre el impuesto global a las transnacionales; la flexibilización monetaria y las reformas fiscales que recorten la escandalosa brecha de la desigualdad, aparte de la lucha contra el calentamiento global que implica la puesta en marcha de una plena economía verde, son tareas a desarrollar de aquí al 2030 para borrar las cicatrices de la pandemia e impedir que nuevas envestidas sanitarias nos vuelvan a sorprender “con los calzones abajo”.
Circunscribiendo la propuesta de un nuevo contrato social propiamente al sector salud, hemos caído en cuenta, en medio de la pandemia, de que tenemos un sistema afincado en un modelo curativo que hace que los recursos se destinen más a la construcción de hospitales que a la prevención de enfermedades. Los gobiernos, valga la paradoja, se preocupan más porque la gente mantenga en buenas condiciones de operatividad sus coches que su propio funcionamiento orgánico.
Y si aterrizamos en Colombia, las paradojas son clásicas. Es inaudito, por ejemplo, que el mismo día en que los medios divulgan la angustiosa queja de madres privadas de la libertad, que hace dos años no pueden ver a sus hijos menores por culpa de la pandemia, el Ministerio de Salud divulgue que… “llegamos a 71 millones de dosis aplicadas en el Plan Nacional de Vacunación”. ¿O sea, dentro de esos 71 millones no caben las contadas vacunas a las madres presas y a sus hijos menores para inmunizarlos y que puedan disfrutar del irremplazable afecto materno?
Este gobierno, que tiene al país inmerso hace dos años en un estado de emergencia sanitaria, la más larga del mundo, le resbala la renuncia masiva de ginecólogos y obstetras a quienes se les notifica una reducción salarial debido a las dificultades financieras de las instituciones sanitarias, como si por su culpa se estuvieran quebrando los hospitales y clínicas. La causa está en el mismo modelo sanitario que triangula el pago a los centros asistenciales prestadores de los servicios de salud (IPS), acumulando una cartera con cargo a las entidades promotoras de salud (EPS) por 15 billones de pesos (USD 3.800 millones), al día de hoy.
Parece difícil explicarse esta anomia sanitaria, que resulta, sin embargo, perversamente lógica si se asocia al anclaje financiero del sector salud, más próspero en tanto en cuanto más gente padece enfermedades. Es como si algún gobierno loco, desarrollando la paradoja, quisiera potenciar el negocio de las funerarias y los talleres de mecánica, levantando las restricciones técnicas de los carros y las carreteras.
Si la salud humana es el resultado encadenado de un bienestar general, el prólogo de un nuevo contrato social debe pasar por reformas económicas que propicien la justicia social, contenida ésta, en la insuperable fórmula fiscal de gravar a todo el mundo, según sus capacidades, y proveer a todo el mundo, según sus necesidades.
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Fin de folio.- Ojalá prospere jurídicamente el proceso a las Farc-Ep por los daños ambientales causados al país. Sería clave para enjuiciar también al Estado y a las empresas de la industria extractiva; a los ganaderos y palmicultores. Crucemos los dedos.
