“ARTICULO TRANSITORIO 22. Mientras la ley no fije otro número, la primera Corte Constitucional estará integrada por siete magistrados que serán designados para un período de un año así:
Dos por el Presidente de la República; uno por la Corte Suprema de Justicia; uno por el Consejo de Estado, y no por el Procurador General de la Nación. Los magistrados así elegidos designarán los dos restantes, de ternas que presentará el Presidente de la República.
La elección de los Magistrados que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, al Presidente de la República y al Procurador General de la Nación, deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución. El incumplimiento de este deber será causal de mala conducta y si no se efectuare la elección por alguno de los órganos mencionados en dicho término, la misma se hará por los magistrados restantes debidamente elegidos”.
Esa primera Corte Constitucional estuvo conformada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Simón Rodríguez Rodríguez -su primer Presidente- y Jaime Sanín Greiffenstein. De ellos, cinco han fallecido. Quedamos vivos Eduardo Cifuentes Muñoz -hoy Presidente de la JEP- y quien firma esta columna.
La Corte eligió a su Secretaria General, la jurista Martha Victoria Sáchica Méndez, quien ha desempeñado ese cargo a lo largo de tres décadas. Una excelente funcionaria, varias veces Magistrada encargada, y quien es, sin duda, la memoria viviente de la Corte Constitucional. Sea la ocasión para rendirle merecido reconocimiento.
Sonia Vivas, otra importante jurista, fue elegida relatora, y su trabajo ha permitido el seguimiento completo de lo actuado por la Corporación desde su primera sentencia, la T-001 del 3 de abril de 1992, de la cual tuve el honor de ser magistrado ponente.
La Corte fue instalada por el Presidente de la República César Gaviria Trujillo, uno de los más activos impulsores del proceso político-jurídico que llevó a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.
La Corte se enfrentaba al duro desafío de instalar y poner en funcionamiento el sistema de control judicial que preservara los valores, principios y reglas de la nueva Carta Política, que introducía formidables cambios en el Derecho Público colombiano. Su tarea no sería fácil, y ciertamente no lo fue, pero figuras de gran experiencia y prestancia intelectual nos señalaron el camino a los más jóvenes, y fueron sentadas las bases de lo que debía ser -y ha sido, con muy contadas excepciones- una Corte Constitucional respetable, independiente, imparcial, insobornable, recta, clara, directa, honesta, innovadora, capaz de entender el Derecho Constitucional de los tiempos modernos, y el papel de aquéllos a quienes la democracia ha confiado la trascendental labor de guardar -nada menos- la intangibilidad, la integridad y la supremacía del Estatuto Supremo del Estado.
Una Corte Constitucional inolvidable para quienes la integramos y para el país.
