En la medida en que una administración no tenga autoridad moral, ni material, no podrá garantizar el buen funcionamiento de las entidades públicas, ni brindar a los ciudadanos las garantías mínimas y esenciales de un Estado Social de Derecho.

 La delincuencia se ha tomado las calles de Cartagena, creerse con la potestad de aplicar justicia a mano propia, junto a las condiciones de miseria y de ignorancia, han desatado el más alto número de homicidios, sicariatos, hurtos, extorsiones y actos de violencia en general.

Las autoridades locales no desconocen tal situación. Pero lamentablemente no hay quien haga cumplir la ley, ni el pueblo quiere cumplirla.

Los abusos de los corruptos no solo han desfalcado las arcas del Estado, también han contribuido con el deterioro de la sociedad. Desde los más altos cargos del gobierno, hasta los de menor rango son ignorantes de los fines esenciales del Estado. Los recursos de la salud, de la educación, de la seguridad, son despilfarrados sin control.

Quienes deben garantizar el buen funcionamiento de lo público, resultaron convirtiéndose en depredadores de lo ajeno, sólo actúan para su conveniencia, e incluso politizaron los entes de control causando gran daño a la democracia. Estas situaciones son aprovechadas por la delincuencia común para alcanzar la impunidad. Cuando una sociedad no está equilibrada desde los entes de control, la consecuencia es el incremento de la pobreza, la miseria y la violencia en medio del pueblo.

Quienes elegimos para gobernar, se convirtieron en nuestros peores enemigos, en los saqueadores de la sociedad.  Hoy en día podemos ver que ninguna institución del Estado se salva de las mafias de la corrupción.

Pocos son los que obtienen la riqueza, a costas del sufrimiento general. Las excusas y justificaciones ya han sido suficientes; no podemos seguir permitiendo que Cartagena siga sumergida en una condición de pobreza, miseria y violencia.

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