Lo decimos porque no han faltado las voces de quienes le endilgan responsabilidad -antes de posesionarse- por la subida del dólar, sin tener en cuenta factores internacionales determinantes -que nada tienen que ver con su triunfo electoral, ni con sus propuestas- como el muy difícil momento que vive la economía mundial, o los demoledores efectos que ha producido la guerra en Ucrania. 

Igualmente, algunos sectores políticos han entrado a criticar -sin mayor fundamento, y sin conocer la configuración integral de las iniciativas- las propuestas formuladas en declaraciones públicas -en medios y redes- por las personas designadas para los ministerios y otros cargos. 

Pero, además, hay quienes, habiendo votado a favor del Pacto Histórico, creen que el nuevo presidente tiene en sus manos, como por magia, la inmediata solución de todos los problemas y la realización de todas sus propuestas, de modo que se sentirán defraudados si en los primeros días no hay unos resultados acordes con sus deseos. 

Frente a todo ello, es importante subrayar que el presidente y su equipo sí deben comenzar a actuar desde el primer día, a sabiendas de que no todo estará en sus manos, ni dentro de sus competencias constitucionales, pues muchas serán las decisiones que deba adoptar el Congreso, y otras estarán sujetas al control de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado. Y, por supuesto, el Gobierno se encontrará con el control político que la propia Constitución señala y que la oposición promete. 

Hay que decir, desde luego, con sentido democrático, que, en Colombia, además de las responsabilidades penal, disciplinaria y fiscal de los servidores públicos, resulta indispensable que se restaure y ponga en vigor el concepto de responsabilidad política, completamente perdido durante la actual administración, y que se recuperen los frenos y contrapesos -esenciales a la democracia- y el control político, toda vez que se han desdibujado durante  los últimos gobiernos, gracias a la denominada “mermelada”, que ojalá el próximo gobierno arroje a la caneca de los desperdicios dañinos. 

El Ejecutivo debe convocar a todas las fuerzas políticas con el objeto de lograr, por encima de las diferencias políticas, el consenso con miras a la configuración de un legítimo Estado Social de Derecho, así como para lograr la aplicación fiel y leal del ordenamiento jurídico, la lucha contra todas las formas de corrupción y contra la violencia, venga de donde venga. Y, por supuesto, es necesario velar por la operación oportuna y estricta de la justicia, a la que se deben brindar todos los instrumentos institucionales y el pleno apoyo presupuestal. En esas materias no se debe improvisar. Están comprometidos el actual interés colectivo y el futuro de las nuevas generaciones.