¿A QUIÉN LE IMPORTA LA CRISIS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL?

 

¿Independencia en la administración de justicia? De iure, es algo que nunca se ha puesto en duda, de facto, nadie se ha esforzado jamás en lograrla”.

Fraenkel, citado por Ingo Müller. Los Juristas del Horror.

 

Con asombro vemos quienes desde la academia estudiamos los temas relacionados con la justicia, la  indiferencia con que se ha asumido la actual crisis. Como espectadores, como quienes ningún deber moral tienen, las Facultades de Derecho, los colegios de abogados, los mismos integrantes de la Rama, los estudiantes de Derecho, se han mantenido al margen; esperando, quizás, que sean otros los llamados a hacerle frente a los numerosos problemas y proponer soluciones.

 

Los hechos recientemente revelados a la opinión pública sobre la posible corrupción y tráfico de influencias al interior de la Corte Constitucional, en cabeza de su ahora expresidente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, merecen nuestro rechazo, y no en desmedro de la presunción de inocencia, sino desde la necesaria salvaguarda institucional del Tribunal Constitucional más respetado de América Latina.

 

No puede sostenerse, desde la mirada aguda de las garantías constitucionales a que tiene derecho toda persona, que la presunción de inocencia del Magistrado Pretelt se encuentre ultrajada por quienes, desde la academia, el Congreso de la República, ahora la justicia, y la sociedad en general, proponemos que renuncie a su calidad de magistrado de la Corte Constitucional, por cuanto esta legítima solicitud no supone un juicio sobre responsabilidad a priori, ya que el proceso transcurre en el ámbito que la propia Constitución establece, y es en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, juez natural. Diferente es que, ante la manifiesta inoperancia de dicha Comisión, se proponga su sustitución por el conocido Tribunal de Aforados, en el proyecto de acto legislativo “Equilibrio de Poderes”.

 

Es, además, inadmisible que, ante la evidente comisión de por lo menos faltas disciplinarias por parte del Magistrado Pretelt, la actitud con que asume la crisis sea ajena a los efectos nefastos que sobre la institucionalidad, tienen dichos cuestionamientos. La Corte Constitucional, o mejor, sus miembros, debieron manifestarse desde un principio, rechazando tales hechos, sin esperar que fuera la opinión pública y los medios de comunicación, quienes reclamaran medidas urgentes y en beneficio de la propia Corte. Ahora, que la mejor postura que tengan para ofrecer los magistrados sea no sesionar en Sala Plena hasta que no renuncie el magistrado Pretelt, es otra gran afrenta a la institucionalidad. Un Tribunal Constitucional debe actuar dentro de los cauces del Derecho y tal determinación no es muestra de ello.

 

Indignante que también, por cuenta de la gran politiquería que se ha inmiscuido en las Altas Cortes, los principios de independencia e imparcialidad judiciales se vean ampliamente cuestionados y no de manera injustificada. La justicia no debe ceder a los intereses ni de los gobiernos de turno, ni de ciertos inescrupulosos miembros (que afortunadamente no son todos) que no tienen mayor mérito ni trayectoria académica y/o jurídica. Con razón sin pena lo dicen: “hoja de vida ¿para qué?”.

 

La Corte Constitucional ha sido el referente por excelencia para nosotros, los estudiantes de Derecho y las nuevas generaciones de abogados, en materia de protección de derechos fundamentales, de redefinición de las fuentes del derecho, de la verdadera primacía constitucional. Nos duele que ahora, en medio de la peor crisis de su historia, los magistrados sobrepongan sus intereses, en desmedro del prestigio y respetabilidad de una gran institución.

 

Y que ahora no se pretenda cuestionar la gran conquista jurídica de la Constitución de 1991, que es la acción de tutela. Hay que corregir aspectos como el trámite de selección en las Salas de Revisión, su publicidad, entre otros; pero no limitarla más, como se hizo por ejemplo, con la incorporación del criterio o (¿principio?) de sostenibilidad fiscal. De igual forma, como lo manifestamos un grupo de universidades al estudiar el proyecto de Equilibrio de Poderes, no se entiende cómo en medio de una reforma política se dan pincelazos sobre la justicia, cuando ni siquiera existe un diagnóstico serio de los principales problemas de la misma.

 

 “Los hombres pasan, las instituciones quedan”.

 

 

Johanna Giraldo Gómez

Cofundadora del Observatorio de Derecho Constitucional

Universidad Libre de Colombia