Aquí el debate no debería estar planteado en si debe o no publicarse la foto de Aylan Kurdi, niño sirio de tres años que murió en la playa de la isla de Kos, en el mar Egeo, luchando por la libertad que su país le está negando, porque la realidad es que seguir evadiendo el dolor del mundo evitando ver esta foto tan profundamente triste, debería –por el contrario- obligarnos a  reflexionar acerca de lo que está sucediendo hoy, año 2015, en el planeta que habitamos. El mundo entero se está movilizando como consecuencia del irrespeto a los derechos humanos surgido en sus propios países; otros, como en tiempos de los bárbaros, están construyendo murallas y cercas para evitar la entrada de miles de inmigrantes que buscan una oportunidad de vida mejor para ellos y sus hijos. 

 

Pese a que la mayoría quiere evitar reparar más allá de sus cuatros paredes y de sus dos problemas –uno de los cuales es no ser socialité o persona famosa sin otro talento adicional más allá de salir en todos los medios de comunicación a medio vestir-, el ser humano del Siglo XXI, está “literalmente” llorando.

 

Ante esta foto del pequeño Aylan Kurdi sin vida, es difícil no traer  a la memoria mil pensamientos oscuros de lo que somos y estamos haciendo en este corto tránsito por la vida y, en mi caso personal, la foto me trajo a la mente, un fragmento de  “La canción de la Vida Profunda” del colombiano Porfirio Barba Jacob:

 

En alocución televisada del 1 de septiembre, expuso el Presidente  Santos varios argumentos válidos contra las arbitrarias decisiones del gobierno venezolano sobre cierre de la frontera,  persecución organizada contra  nacionales colombianos y ostensible vulneración de Derechos Humanos.

 

 El hecho de que en la OEA -el foro natural para exponer formalmente  la actual situación- no se haya obtenido la reunión de cancilleres solicitada -y ello porque prevalecieron intereses y conveniencias sobre la razón y los derechos- no debe desalentar a nuestro gobierno, y  hay otros instrumentos a los cuales recurrir.

 

 Parece  razonable que finalmente se haya decidido no acudir a UNASUR, pues ya se sabe cuál va a ser la actitud de los países que la integran, los cuales ya se pronunciaron en la OEA y sin disimulo adelantaron que estarán  en contra de Colombia, y eso que pedíamos apenas una reunión de cancilleres y no un pronunciamiento de fondo contra la inhumana política de Maduro.

 

 Además de acudir a la ONU y de solicitar las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es válido denunciar a personas en concreto  ante la Corte Penal Internacional por los hechos en la frontera, pues el artículo 7 del Tratado de Roma de 1998, por el cual se creó la Corte Penal Internacional, contempla como crímenes de lesa humanidad, cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, actos como deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de Derecho Internacional; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables por el Derecho Internacional, violencia sexual u otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las personas. Fácilmente se reconoce en esta lista lo acontecido en nuestra frontera con Venezuela.

 

 La posición de Colombia, si no se examina con el criterio político e interesado  que prevaleció en la reunión de embajadores de la OEA,  está sustentada con numerosas pruebas documentales acerca de los abusos en que han incurrido tanto el gobierno venezolano como los miembros de la guardia bolivariana; la discriminación por razones de nacionalidad; la vulneración del debido proceso y la presunción de inocencia;  las vías de hecho que se han repetido en estos días; las irregulares deportaciones;  la separación forzada de las familias; la vulneración abierta de los derechos de los niños;  la aplicación de medidas tan vergonzosas como la de marcar y derribar las casas de los colombianos y los daños causados  a sus bienes, con la consiguiente responsabilidad patrimonial del Estado venezolano.

 

En fin, estos y otros instrumentos los tiene Colombia para hacer que se respeten  los derechos de sus nacionales.