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Es abogado de la Universidad Javeriana y uno de los más importantes y respetados juristas de Colombia. Fue director de Impuestos Nacionales, magistrado auxiliar de la Corte Suprema, viceministro de Comunicaciones y magistrado de la Corte Constitucional, de la cual fue también su presidente. Después de salir de la Corte apoyó la candidatura del Partido Liberal liderada por Horacio Serpa, de quien fue fórmula vicepresidencial, y en las elecciones de 2006 fue precandidato a la presidencia, pero terminó retirándose para dedicarse a la academia.

 

Es profesor de Derecho Constitucional, desde hace 29 años en prestigiosas universidades como la Javeriana, del Rosario, Santo Tomás, La Sabana, Sergio Arboleda y Santiago de Cali, entre otras. Es director de Juris Dictio, una publicación de la Asociación de Exmagistrados de las Altas Cortes y el MinEducación lo escogió como par académico para examinar y emitir concepto sobre los estándares de calidad de las universidades y facultades de Derecho del país.

 

José Gregorio Hernández Galindo formó parte de la primera Corte Constitucional creada por la Reforma del 91. Una Corte calificada de admirable por la prestancia jurídica y moral de sus integrantes, entre los cuales figuraban cumbres del Derecho como Carlos Gaviria, Alejandro Martínez, Vladimiro Naranjo, Jorge Arango Mejía y Eduardo Cifuentes, entre otros. Corte progresista en la cual se dictaron sentencias memorables como la relativa a la dosis personal, el aborto terapéutico y la eutanasia.

 

Durante la semana que pasó las altas cortes de la justicia en Colombia han estado en el ojo del huracán tanto por las explosivas declaraciones del magistrado saliente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, en el sentido de que en las Cortes habría “mermelada”, como por la decisión del Consejo de Estado de tumbar las elecciones de los magistrados Francisco Ricaurte y Alberto Rojas, demandada por tres connotados periodistas. Por su parte, la Corte Constitucional se anotó una jugada taquillera al hundir cuatro jubilaciones millonarias de magistrados auxiliares y advertir a los jueces sobre la obligación de no exceder su tope de 15 millones de pesos en las mesadas de los jurisconsultos. En esta entrevista el ex magistrado Hernández habla sobre lo que está pasando en la justicia colombiana.

 

¿Qué explica el desprestigio de la rama jurisdiccional en Colombia?

 

Las altas corporaciones de la justicia gozaron hasta hace unos años de un bien ganado prestigio. Las elecciones de magistrados se tramitaban con serenidad y sin intrigas. Con el paso del tiempo, quizá en razón de la trascendencia de los fallos y por las postulaciones y nombramientos que confió a esas instituciones la Carta de 1991 –lo que a su vez se tradujo en adquisición de poder, y en algunos casos de un poder inmenso- sectores políticos y económicos, los gobiernos y hasta las otras Cortes empezaron a ubicar en ellas a defensores de sus intereses, politizando los procesos de elección. Usando un término bursátil, “se cotizó” el cargo de magistrado y cada nueva plaza se convirtió en una especie de trofeo político.

Primaron el ‘todo vale’, las recomendaciones, los respaldos y el cabildeo sobre la preparación, el conocimiento y la hoja de vida limpia. Es urgente recuperar la credibilidad y el prestigio de las altas corporaciones de justicia porque, como dice el evangelio, “¿si la sal se corrompe, con qué se salará?”

 

Bueno, es que el poder de elección de las cortes es especialmente fuerte en la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que hace las listas de donde se eligen todos los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema, y estas dos a su vez, arman las ternas de las cuales se escogen los magistrados de la Corte Constitucional, Procurador, Contralor y Registrador. Además, la Corte Suprema elige al Fiscal de la Nación. ¡Hágame el favor!

 

Sí, hay un cruce de funciones y allí cabría tal vez una reforma constitucional porque la politización ha llegado a tal extremo, que a los candidatos los obligan a recorrer todos los despachos de magistrados para hacer campaña electoral.

 

Hace unos días sonaron con contundencia las declaraciones del magistrado saliente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, cuestionando a otros magistrados como Jorge Pretelt y Alberto Rojas, de esa misma Corte. Advirtió sobre el clientelismo y dijo que hay mermelada en las cortes. ¿Hay plata en las cortes?

 

No me consta y sería irresponsable de mi parte hacer alguna referencia en ese sentido. Lo dicho por el doctor Pinilla tendría que ser comprobado, porque no basta con hacer unas afirmaciones que en un momento dado pudieran constituir faltas disciplinarias o inclusive delitos al interior de las cortes. Los otros magistrados, a su vez, dicen que el doctor Pinilla demoraba los fallos de tutela 4, 5 años, cosa que también es muy grave, o que llegó allí a pensionarse. En ambos casos la opinión necesitaría pruebas al canto. Lo que sí le puedo decir es que nunca se había visto a una rama judicial tan postrada dentro de la opinión pública.

 

¿A las altas cortes quién las ronda?

 

Los magistrados tienen fuero constitucional y no pueden ser investigados sino por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que presenta el conjunto probatorio a la Plenaria y esta puede acusar o no, ante el Senado. Pero la Comisión de Acusaciones se ha convertido en un sistema de impunidad que no llega jamás a ninguna parte en procesos de presidentes de la república, o magistrados. El nuevo Congreso debe ponerla a funcionar adecuadamente o suprimirla, que es lo que seguramente propondrá el gobierno en el proyecto de reforma a la administración de justicia anunciada. Sería sano que tanto los magistrados, como el Presidente y el Fiscal General fueran juzgados por la Corte Suprema de Justicia o por otro alto tribunal.

 

¿Cómo ve la intervención de los periodistas que demandaron las elecciones de los magistrados Rojas y Ricaurte ante el Consejo de Estado, que las tumbó?

 

Esta es una democracia participativa en la que, además, la Constitución ha consagrado la libertad de expresión. Ni más faltaba que la ciudadanía estuviera marginada del debate público y de controvertir las decisiones que afectan el interés colectivo. Los funcionarios, órganos y ramas del poder público, por alto que sea su nivel, están expuestos al más estricto control ciudadano sobre sus actuaciones. La función de administrar justicia es sagrada y por eso resulta incomprensible que algunos jueces y magistrados abandonen tan alta misión para negociar sus fallos, como se ha denunciado en estos días, favorezcan intereses particulares rompiendo su imparcialidad, o imploren beneficios o prebendas, como se vio en el caso de la reforma a la justicia.

 

La Corte Constitucional acaba de tumbar cuatro pensiones millonarias, entre ellas una del llamado Carrusel de la Judicatura y les hizo un llamado de atención a jueces y magistrados para que cumplan estrictamente la sentencia con la que este alto tribunal les puso tope a las mesadas millonarias. ¿Qué opina de ese tema?

 

La Corte Constitucional debe hacer valer los principios fundamentales. Ese llamado ‘carrusel de pensiones’ es diferente de la liquidación de pensiones altas que se venía haciendo de conformidad con la Ley 4 de 1992. Y fue un momento muy triste de aplicación de una norma a favor de ciertas personas que ocupaban por cortísimos períodos cargos como el de magistrado auxiliar, por ejemplo, para poder pensionarse con altos ingresos. Eso violaba el orden jurídico y era una ofensa para muchos colombianos que luchan por conseguir su pensión, y que cuando lo logran, generalmente es muy baja. En esos casos me parece que la acción de tutela no debe caber porque no se puede pasar por encima de la sentencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional que, así sea discutible, está en vigor y debe ser respetada.

 

¿No cree que otro de los problemas es que están llegando a las altas cortes magistrados mal preparados, egresados de universidades con dudosa calidad de sus programas?

 

Estoy seguro de que eso es así, lamentablemente no solo en el caso de los altos magistrados, sino también de los magistrados de tribunal, de jueces, de fiscales. El problema es que hay unas exigencias mínimas desde el punto de vista de lapreparación académica. Y como en las Cortes existe la politización que nos ocupa, no son importantes la hoja de vida, ni la trayectoria, sino el respaldo político que se pueda exhibir. Debo resaltar que hay magistrados excelentes en las Cortes, pero también otros no lo son tanto. Hay jueces muy buenos, pero también abundan los que exhiben una total falta de preparación. Y, en general, lo mismo está ocurriendo con los abogados. Muchos estudian y preparan sus procesos, demandas y alegatos seriamente, pero hay otros que emplean el sistema de comprarse al juez o al secretario, o de estar invitando a comidas, almuerzos y ágapes para lograr sus propósitos.

 

Eso deriva, necesariamente, en una mala administración de justicia.

 

Claro, uno encuentra muchas veces fallos que son lamentables y que da tristeza leerlos porque carecen de profundidad jurídica. Otros sostienen cosas tan contraevidentes que demuestran la postración de la administración de justicia. Por eso varias universidades, entre ellas la Universidad del Sinú, que presido, hemos coincidido en que es en la buena formación de los estudiantes donde descansa nuestra responsabilidad. Tenemos que formar a nuestros alumnos no solo en Derecho, sino en Ética y entregarle al país gente comprometida con la verdad.

 

En una eventual reforma a la justicia, ¿qué puntos considera más importantes?

 

No todo necesita reforma y no todo radica en las normas. Necesitamos ocuparnos de las personas que administran justicia porque la mayor parte de las fallas hoy son humanas: falta de preparación, pereza, ausencia de criterio jurídico, politiquería y, en algunos casos, corrupción. Como lo más importante es garantizarle al ciudadano el acceso efectivo y oportuno a la administración de justicia y la imparcialidad de los fallos, necesitamos un número mayor de jueces que descongestionen los despachos judiciales; un presupuesto mayor para la Rama Judicial; infraestructura adecuada a las responsabilidades de la Justicia; mejor remuneración para jueces, fiscales y empleados judiciales; exigencias superiores en preparación, formación jurídica y ética de los administradores de justicia; despojar a las Cortes de la función electoral; poner requisitos más exigentes para la magistratura y la judicatura; determinar sanciones para jueces que no respeten los términos; elegir magistrados por concurso de méritos, con puntajes muy exigentes, que otorguen mayor importancia a la hoja de vida, a la trayectoria, a la formación jurídica en la especialidad y a la pulcritud demostrada en cargos anteriores; hacer públicas las sesiones de postulación y elección; proscribir la exigencia a los candidatos a los cargos, de hacer lobby ante sus electores; asignar obligatoriamente los puestos en estricto orden de los puntajes obtenidos y adjudicar puntos negativos a quienes lleven recomendaciones políticas.