El artículo 11 de la Constitución señala que el derecho a la vida es inviolable. Según el preámbulo constitucional una de las primeras finalidades del ordenamiento jurídico consiste en asegurar la vida de las personas. De acuerdo con el artículo 1, la República de Colombia se funda, ante todo en el respeto a la dignidad humana, al paso que, al tenor del artículo 2, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Y el artículo 5 de la Carta señala que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona.
El artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, de 1969), que obliga a Colombia, establece: "1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".
Viene ocurriendo en Colombia algo que debería tener a la ciudadanía en pie, aparte de diferencias políticas o ideológicas, para reclamar la acción efectiva del Estado contra el crimen.
Proclamamos ante el mundo que vivimos en paz -y hasta queremos ser ejemplo al respecto-, pero siguen los asesinatos de líderes sociales, comunitarios, laborales, y defensores de Derechos Humanos. En Cauca, en el Valle, en Nariño, en el Bajo Cauca, en el Atlántico, en el Bajo Atrato, en la zona del Catatumbo y en Norte de Santander y en otras regiones han sido asesinadas personas caracterizadas por el papel que jugaban en el interior de sus comunidades, generalmente en defensa de los derechos y las reivindicaciones de orden social. Y se han conocido en muchas partes amenazas que luego se convierten en dolorosas realidades.
Los sicarios amenazan, actúan, ciegan la vida de la víctima -que casi siempre había reclamado inútilmente protección-, lloran las familias, se llevan a cabo las exequias, la ciudadanía recibe la noticia -una noticia más- y pasa a otros acontecimientos. Después, todo sigue igual, en la supuesta normalidad y paz de Colombia. Pero todo indica que esta es una máquina infernal que seguirá operando. Y las autoridades seguirán diciendo que son casos aislados, que son "líos de faldas", que nada indica que se trate de un plan sistemático contra los líderes sociales y comunitarios.
¿Quiénes son los autores intelectuales? ¿Hay un macabro plan en marcha? ¿Cuál es la motivación de los criminales? ¿Bacrim? ¿Narcotráfico? ¿Política? ¿Venganza? ¿Delincuencia común? ¿Organizaciones subversivas? ¿Extrema derecha? ¿Extrema izquierda?
La situación es muy grave: según datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018, se han cometido 311 homicidios de líderes sociales a manos de grupos criminales. Solo entre junio y lo que va de julio de 2018 han muerto 22 personas en actos violentos. Y el Ministerio del Interior ha dicho ayer que, en lo que va corrido de este año, han sido asesinados 33 líderes sociales.
Colombia debe despertar ante estos hechos, y en especial el Estado debe actuar. Pero las investigaciones no avanzan. No se llega a conclusiones, ni siquiera aproximadas. La alarma se extiende en muchas regiones del país.
Hoy se conoce la voz de alerta de varios obispos -entre ellos los monseñores Hugo Alberto Torres, Juan Carlos Barreto y Mario de Jesús Álvarez-, quienes denuncian que, en Istmina, Tadó y Apartadó, los grupos armados ilegales y las Fuerzas Armadas están forzando a las comunidades, en especial a los jóvenes, a servirles de informantes, con grave peligro para su vida y la de sus familiares.
Ese, si en efecto así se hace por parte de la Fuerza Pública, no es el procedimiento adecuado. No es lícito. Es inconstitucional y, como dicen los prelados, abiertamente violatorio de los derechos fundamentales.
Se nos informa que más de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos están convocando una movilización masiva este viernes, a las 6:00 p.m. Participarán 52 ciudades colombianas: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Florencia, Pasto, Manizales, Armenia, Pereira, Yopal y otras.
Debe operar la solidaridad en defensa de la vida. Ojalá todo esto lleve a nuestras autoridades a emprender, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, una actividad decisiva contra el crimen y para la protección de las personas y comunidades amenazadas.
