¿Tiene Colombia una política exterior? Frente al nivel regional, para no tener que ir hasta las antípodas (a países en los que ni siquiera saben que existe una tierra llamada Colombia), nuestro Gobierno ha mostrado una política exterior endeble, desorganizada, improvisada, indisciplinada. Basta con observar las acciones –u omisiones- que ha adoptado frente a los Estados de la región, especialmente con los más cercanos y quienes son sin lugar a dudas los más importantes para el país.
La relación con estos es primordial para Colombia no solo por el inasible pasado en común que comparten, sino por razones de estrategia geopolítica, comercial y social. Por otro lado, y entrando en el aspecto jurídico, es un mandato constitucional el fortalecimiento de las relaciones con los países de la región y, más aún, la promoción de la integración.
Aunque históricamente esta región cuenta con pocas guerras importantes en su haber –como la Guerra del Pacífico en el Siglo XIX- y Colombia, a su vez, en raras ocasiones ha entrado en conflictos serios con sus vecinos, como el conflicto colombo-peruano de 1932, no es menos cierto que hoy por hoy la política exterior de Colombia frente a sus vecinos –si es que existe- es inestable, precaria y desorganizada. Dos sucesos relativamente recientes demuestran esta afirmación.
En pocas semanas se celebrarán las audiencias preliminares –es decir, aquellas relativas a la competencia jurisdiccional- ante la Corte Internacional de Justicia, frente a las dos demandas que Nicaragua presentó contra la República de Colombia. La primera relacionada con el supuesto incumplimiento del afamado fallo de la Corte de delimitación marítima entre los dos Estados. La segunda, dirigida a resolver el inacabado problema de la plataforma continental extendida a favor de Nicaragua. El dilema de la competencia de la Corte radica en la interpretación sobre el alcance cronológico de la denuncia del Pacto de Bogotá que realizó Colombia.
La denuncia del Pacto, que es una decisión de política exterior, es bastante cuestionable. Esta estrategia de protección frente a las pretensiones de Nicaragua –y a futuro, de otros Estados- es un claro ejemplo de la desorganización, e improvisación de la política exterior Colombiana, que se aleja de esos lineamientos que la historia, la geopolítica y la propia Constitución demarcan, para en su lugar responder a las conveniencias políticas del gobierno de turno y los réditos electorales. Se cierra una puerta al arreglo pacífico de controversias y se tensionan las relaciones con los vecinos mediante medidas adoptadas a la carrera. En mi opinión, más conveniente habría sido el inicio de un diálogo bilateral como lo hicieron Perú y Chile, decisión que no se tomó, puesto que la reelección presidencial estaba de por medio y claramente era un suicidio político hacerlo.
Por otro lado, después del grave problema que suscitó la aspersión de herbicidas en zonas fronterizas con la República de Ecuador, frente a lo cual nuestro Gobierno respondió con una indiferente y nuevamente precaria acción de política exterior, en la que ignoró los cientos de llamados al diálogo que el vecino país presentó, Quito se vio obligada a demandar ante la Corte Internacional de Justicia a Colombia, quien viéndose inmersa en otra demanda internacional, en la que pocos argumentos podía presentar a su favor, terminó celebrando un acuerdo en el que se estableció una zona de exclusión área –es decir, donde no se podría realizar la aspersión-. Y más grave aún, para terminar el proceso ante la CIJ, Colombia se obligó al pago de quince millones de dólares.
¡Los pagó! Este “acuerdo internacional” -que en lo personal me huele a tratado-, se negoció, se celebró, y se ejecutó sin ningún respeto por nuestro ordenamiento jurídico. El dinero se desembolsó sin pasar por aprobación del Congreso ni control de constitucionalidad; control político no hubo jamás. Esta millonaria indemnización, que salió del bolsillo de los colombianos, es producto del paupérrimo manejo de la política exterior de Gobierno, una política exterior que en su desorden administrativo ha generado a los colombianos enormes gastos e inconmensurables perjuicios, por problemas internacionales que podían resolverse a un menor costo económico, político y administrativo.
Ya viene siendo hora de barrer con la indisciplina política y administrativa que rige a este país. Es cierto que el Presidente es el director de las relaciones internacionales, pero sistema presidencial no es lo mismo que sistema presidencialista. Cierto es que la política es mudable y no se pueden prever siempre los sucesos internacionales, pero eso no justifica la descoordinación, la indisciplina y la indiferencia política. Ya es hora de que este país deje de hacer todo a la carrera y a las patadas y estructurar las bases de una política exterior, que como toda política pública sea coordinada, coherente y eficiente. De no hacerlo, terminaremos en la misma vergonzosa situación que un país vecino sufrió al recibir a Henry Kissinger en su cancillería, cuando este señaló: ¡Qué hermoso edificio, ahora solo les falta una política exterior!
