Uno de los objetivos implícitos que debe tener el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, consiste en restablecer la presencia estatal en los territorios históricamente dominados por aquel grupo guerrillero. A su vez, ello determinará la posibilidad de instaurar el orden jurídico nacional de manera efectiva entre aquellas poblaciones. Tal vez en este punto, resulta mucho más clara la noción de la “eficacia del derecho” ampliamente discutida por algunos sectores de la doctrina jurídica de occidente.

Aunque en Colombia existe un orden jurídico relativamente estable y con procedimientos concretos para determinar su validez, dicho orden no se ha aplicado históricamente en amplios sectores del país. La guerrilla de las FARC-EP no solamente fungía como principal actor armado en varios de los municipios en los que se encontraba, sino que también imponía su propio orden “jurídico” como autoridad capaz de justificar de facto su validez.

Comenzando con las “Normas de Convivencia Ciudadana”, y llegando hasta sistemas de juzgamiento por incipientes órganos colegiados, tal y como lo relatan varios estudiosos, la guerrilla de las FARC, al igual que otras agrupaciones insurgentes dictaminaron normas de conducta, mecanismos de juzgamiento y canales de resolución de pleitos entre la población civil con base en postulados normativos en su mayoría de orden consuetudinario.[1]

Ahora, sin la presencia de quienes resolvían conflictos de tierras, de familia y hasta de carácter penal, el desafío para el Estado colombiano es claro: debe ingresar con presencia institucional a dichos territorios y arrebatarle la “legalidad” a los otros grupos ilegales que amenazan con tomar el poder. La reconfiguración de los poderes locales debe dar como ganadora a la institucionalidad colombiana.

No obstante, lo anterior está lejos de suceder. De acuerdo con Ariel Ávila, investigador de Razón Pública, las zonas abandonadas por las FARC-EP han sido: i) ocupadas por el ELN, como en el sur del Chocó; ii) ocupadas por el Clan Úsuga o bandas criminales, como en el Bajo Cauca; iii) tomadas por la anarquía, causada por un vacío de poder como en el Guaviare, disparando problemas como la delincuencia, o iv) retomadas por el Estado, lo cual solo ha sucedido de manera parcial en Huila y Tolima[2].  

La institucionalidad sigue perdiendo el pulso en la reconfiguración de los poderes locales de las regiones antes dominadas por las FARC-EP. Estamos lejos de observar un orden jurídico operante de manera efectiva en todo el territorio nacional, si es que ello no resulta muy pretensioso. La solución de aquel problema debe ser el tema que más ocupe la atención nacional, pero tal vez la mejor forma de empezar aquella discusión podría ser respondiendo al creciente número de asesinatos de líderes sociales en todo el país. La sociedad civil debe reprochar dichos acontecimientos atroces y obligar a las autoridades estatales a que den una respuesta pronta y concienzuda al respecto.