El nuevo presidente de los Estados Unidos parece haber declarado una guerra a muerte a la democracia. Apenas han transcurrido quince días desde que asumió el poder y ya comenzó a erosionar a uno de los sistemas constitucionales más antiguos y sólidos del mundo. Al mejor estilo del personaje de Charles Chaplin (y, por qué no, de quien lo inspira), este “gran dictador” del siglo XXI es megalómano y despiadado. Y como siempre, América Latina se encuentra en un elevado riesgo de contagio.

El señor Trump no tiene miramientos, por ejemplo, en prohibir la entrada de todos los refugiados y de migrantes de siete países de población mayoritariamente musulmana, restricción que cobija incluso a personas que tienen residencia legal permanente en la Unión.[1] Esta “prohibición musulmana (muslim ban)” como ha sido denominada por los medios de comunicación, implica un ejercicio abierto de discriminación basada en el origen nacional, que recuerda episodios oscuros de la historia moderna en los cuales se legitimaron, a través del derecho, medidas xenófobas y racistas. Así, el veto migratorio marca un retroceso a políticas de inmigración basadas en prejuicios y con la entidad de desconocer los derechos adquiridos de los migrantes quienes, valga recordar, son seres humanos como usted o como yo.

Tampoco ha vacilado el señor Trump en dictar un decreto en el que insta a “la construcción de un muro físico”[2] en la frontera con México, en el marco de varias órdenes dirigidas a endurecer la política migratoria fronteriza, sin reparar en los costos que representaría la faraónica muralla. Igualmente, en este contexto de decisiones autocráticas, el presidente norteamericano ha optado por socavar la reforma sanitaria de su antecesor y adoptó disposiciones encaminadas a la pronta revocación de la normativa expedida por Obama y a la consolidación de un libre mercado en el ámbito de la salud.[3]

Las anteriores medidas han sido todas implementadas a través de órdenes ejecutivas (executive orders),[4] las cuales son similares a los decretos presidenciales con fuerza de ley que se expiden en el ordenamiento colombiano. Esta potestad normativa, de la cual es titular el presidente Trump, debe utilizarse (por supuesto) con respeto absoluto a la Constitución federal de los Estados Unidos. Sin embargo, el gobernante ha dictado estas órdenes (especialmente el veto migratorio en contra de los ciudadanos de países de mayoría musulmana) sin observar las garantías constitucionales y la autonomía de los demás poderes públicos.

En este sentido, a la manera del dictador de Chaplin, el nuevo mandatario no conoce de límites a la hora de ejecutar el propósito que lo obsesiona: detener los “peligrosos” inmigrantes musulmanes y a los “oportunistas” mexicanos. Por tal motivo, el señor Trump quién ha sido apodado “el presidente inconstitucional” precisamente por su desprecio hacia la Constitución, no tiene ningún asomo de vergüenza en traicionar la Carta que juró defender y atacar al togado que suspendió la ejecución de su veto migratorio, al llamarlo “supuesto juez” y calificar de “ridícula” su decisión.[5]

No obstante, la oposición del Poder Judicial a la autocracia de Trump, así como las voces que se elevan desde el Congreso y la Rama Ejecutiva, arrojan una luz de esperanza sobre las sombrías perspectivas de un país bajo el mando del “gran dictador.” En efecto, el sistema de pesos y contrapesos (checks and balances) que ha existido durante siglos en los Estados Unidos, parece haber frenado -por ahora- al presidente Trump. Este mecanismo institucional, cuyo diseño propende por limitar los poderes absolutos, es el principio que subyace al control que pueden ejercer los jueces de las órdenes ejecutivas con fuerza de ley que dicta este aspirante a dictador.

A primera vista, podría pensarse que es legítimo que Trump utilice su poder de esta manera, ya que fue elegido democráticamente, en una votación mayoritaria del Colegio Electoral que representa a los delegados de los votantes estadounidenses. Por el contrario, se debe recordar que los valores democráticos no se agotan únicamente en ganar una elección por mayoría de votos. La democracia implica el respeto a las leyes, la protección de las libertades de expresión, prensa, reunión, asociación y movilización, así como el respeto por los derechos de las minorías y por las competencias de los demás poderes del Estado. La democracia no puede ser, simplemente, la elección popular de un dictador.

Por ahora, la historia del veto migratorio a los nacionales de países de mayoría musulmana tiene un final feliz con la suspensión temporal de la orden ejecutiva que la autorizaba. Sin embargo, todo parece indicar que la batalla de Trump contra la democracia y la Constitución, apenas comienza.

Santiago Cabana G.

Miembro del Centro de Estudios Integrales en Derecho

Twitter: @santiagocabanag