Los diálogos de paz en Colombia están abiertos hace mucho tiempo. La fecha resulta ahora imposible de precisar pero, lo que si tenemos claro ya, es que la paz es el fruto de una negociación entre los contrarios y nunca el vencimiento por las armas de uno de ellos.

 

Por la vía de las armas se conquistan territorios y se someten pueblos, pero nunca se conquista la paz o se someten los espíritus.

 

Lo que estamos abriendo ahora con Santos es una nueva mesa de negociaciones, después de 10 años de haberse levantado la del Caguán. Y en este lapso, es de esperar que todos hayamos aprendido de los errores pasados.

 

¿Quiénes somos todos?: Pueblo-Gobierno-Guerrilla.

 

1). En este orden de ideas, el Pueblo hoy anhela más la paz que ayer. Salvo unos cuantos retrasados en el tiempo y las circunstancias, puede afirmarse, sin exageración, que proporcionalmente a la población, hoy somos más los que cruzamos los dedos porque esta vez sí nos levantemos en paz con las Farc, que se han  convertido a lo largo del tiempo como en lo sintomático de nuestro interminable conflicto interno.

 

2). El Gobierno de hoy  tiene evidentes fortalezas sobre los gobiernos de ayer que seriamente se ocuparon en esto de negociar la paz con los alzados en armas. Aparte de ese mayor anhelo que se manifiesta en la población, el presidente Santos tiene dos cualidades que, habiéndole sido flanco de críticas, ahora le resultan muy valiosas: tiene flema inglesa y es pragmático. Mejor dicho, Santos es el anglosajón moderno que ya quisieran tener como propio Londres o Washington.

 

Por lo flemático es inmutable, de sangre fría y arriesgado; por lo pragmático priman más en él los resultados que los principios.

 

3). La Guerrilla está derrotada, no militarmente, sino políticamente. Ya pocos atizan ese caldero de la combinación de todas las formas de lucha. 

 

Está derrotada también porque se ha dejado infiltrar del narcotráfico, y eso fue su tumba ideológica. El poder tiene hoy otros caminos distintos a las armas o al narcotráfico. Uno y otro estilo están fuera de lugar, al menos en Colombia: por el primero, las Farc llevan 50 años dándole a la joda y, por el segundo, afortunadamente la Justicia le cerró el paso cuando ya tenía cooptada buena parte del Ejecutivo y el Legislativo.

 

Aún en su evidente laberinto, las Farc tienen capacidad de negociación. Y es lo que deben aprovechar. Y sería lo que podría quedar como grato en la retina de los colombianos que han puesto en el asador tres generaciones frustradas.

 

En nombre de esta inmensa frustración nacional, ojalá que Santos y las Farc pudieran darnos el inicio de un proceso de Paz estable y duradera.

En columna anterior, vistos los acontecimientos de los días siguientes al enorme fracaso de la reforma a la justicia  -cuando Ejecutivo, Congreso y magistrados actuaron de manera indigna-,  afirmábamos que el Gobierno de Santos había perdido la brújula. Lo veíamos desorientado, vacilante, débil y además sin apoyo.

 

 

En ese momento expresábamos, entre otras cosas:

 

“La impresión que tenemos en general es la de que el Ejecutivo está perplejo, y que a raíz de los traspiés de la pasada legislatura, no se atreve a presentar proyectos porque no sabe el rumbo que debe darles desde el punto de vista político, o porque desconfía del apoyo que pueda encontrar tanto en las cámaras como a nivel de la opinión pública.

(…)

Un panorama desolador, y un Gobierno sin brújula, con un barco en medio de la tormenta”.(*)

 

Pues bien, la virtud del gobernante no consiste en llevar a cabo su gestión absolutamente exenta de errores  -todos los seres humanos los cometemos, y con gran frecuencia-,  sino en la voluntad de corregirlos; en el ánimo de retomar el camino correcto; en la decisión de reprogramar lo que estaba mal programado y de renovar aquello que deba ser renovado. Es lo que, a la altura de sus dos años de gobierno, ha comenzado a hacer el Presidente Juan Manuel Santos. Por ello, quienes, mirando los toros desde la barrera y en ejercicio de la libertad de expresión, opinamos a diario acerca de lo que pasa en Colombia, debemos señalar las virtudes del gobernante con la misma franqueza y claridad con las cuales hemos subrayado antes sus defectos y equivocaciones.

 

El doctor Santos ha recuperado la brújula que se le había perdido, y es una muy buena brújula a la que se había referido, sin concretar nada, desde su posesión el 7 de agosto de 2010. Hoy orienta a su gobierno y al país hacia un objetivo al que inútilmente hemos aspirado los colombianos desde hace muchos años.

 

Santos ha planeado el proceso de paz cuidadosamente y con toda prudencia. Tanta que hasta ahora se ha hecho público su proyecto, si bien llevaba año y medio trabajando en ello, según acaba de revelarlo.

 

En este asunto, para bien del país, es fundamental que el Jefe del Estado cuente con el respaldo sincero y generoso, sin mezquindad, de los partidos políticos, de los gremios, de los sindicatos, de los integrantes de su administración, de las organizaciones sociales, de los defensores de Derechos Humanos, de los estudiantes, de los jueces, de los órganos de control, de la Fuerza Pública, de la prensa y de los ciudadanos en general.

 

Desde luego, hay muchos puntos sobre los cuales será necesario que nos pronunciemos respecto a este proceso de paz, y es perfectamente previsible que en algunos de ellos surjan discrepancias y opiniones diversas, tanto desde el punto de vista político como bajo la perspectiva política. Pero creemos que esas opiniones deben fluir tranquilamente, mas no con el propósito soterrado de obstaculizar la actividad gubernamental en búsqueda de la paz.

 

El Presidente, por su parte, tiene la brújula y no la debe perder de nuevo

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(*)Columna titulada “Un Gobierno sin brújula”. www.elementosdejuicio.com.co

 

 

 

 

Quiso el destino de Colombia que se iniciaran conversaciones con la guerrilla en pro de un proceso de paz, luego del cual  ojalá se ponga término al torbellino de la guerra. 

 

Lo primero que debemos entender es que es improbable el éxito de una  salida exclusivamente militar, no sólo porque de triunfar militarmente el Estado, habría que hacer siempre acuerdos de paz, sino porque así  lo demuestran los más de 60 anos de conflicto.

 

En consecuencia, la acción militar debe tener como función principal asegurar la negociación, lo cual indica que ella no ha sido suficientemente eficaz y eficiente, pues de otra manera habría hecho que el conflicto hubiera culminado y que se hubiera llevado antes a la guerrilla a una mesa de negociación.

 

Las primeras aproximaciones  no incluyen el cese al fuego y de hostilidades, lo cual sólo es posible hasta tanto haya unos mínimos acuerdos y una mínima confianza entre  las partes en relación con las posibilidades de éxito de las conversaciones. De ahí la necesidad de la cautela y del sigilo, poco entendido por algunos, particularmente  por la extrema  derecha.

 

De otra parte,  el Estado debe  propiciar la realización de una asamblea constituyente que fuera de ser atractiva para la guerrilla desde el punto de vista de su participación en la vida democrática, recomponga el pacto social, y para lo cual,  la confianza y la superioridad militar y política del Estado deben mantenerse, pues de no ser así se le quita piso a la negociación.

 

Y no se olvide por los recalcitrantes opositores del proceso que el exterminio es un imposible y es inconveniente a los intereses del país y de la paz. Lo que se impone es una negociación seria que traiga una paz duradera.

 

Y de todo lo importante conocido durante la semana que acaba de culminar sobre el iniciado proceso de paz se encuentra  el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pero por razones de espacio este será un tema de una próxima oportunidad. Por ahora, felicitaciones, señor Presidente.

 

Con la puesta en marcha del Código de la Infancia y la Adolescencia se vislumbraba  la posibilidad de generar una metamorfosis en la prestación de  los  servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,   especialmente  en lo que hace  referencia   a la prevención y rehabilitación educativa de  los adolescentes en riesgo de infringir la Ley Penal Colombiana y aquellos que por cualquier circunstancia incurrieran en algún delito.

 

Desafortunadamente el ICBF no ha tenido la estatura para afrontar el problema  del fenómeno de  la delincuencia  juvenil en nuestro país; de nuevo se  tropieza  con el círculo vicioso en el que venía antes de la expedición del citado Código, exigiendo reformas y  aumentos de penas para los delitos  penales en que incurren los adolescentes. Esto  a raíz del reciente caso del joven  que a través de una prueba de ADN que practicara  el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se confirma que dicho joven había  protagonizado el atentado contra el exministro Fernando Londoño el 15 de mayo del año en curso, que dejó dos muertos y un centenar de heridos en la ciudad de Bogotá.

 

El aumento de penas propuesto por el actual Director del ICBF, ante los medios de comunicación no resuelve el problema. Es un simple sofisma que de manera irresponsable hizo el actual Director. No se sabe si el Director Molano ha leído la Ley de Seguridad Ciudadana que reformó el actual Código de Infancia y Adolescencia en la materia;  en la cual se propusieron penas drásticas a esta situación, esto por iniciativa del entonces Ministro del Interior y Justicia, doctor German Vargas Lleras, quien  le vendía al país la panacea de la solución al fenómeno de la delincuencia Juvenil con la llamada Ley de Seguridad Ciudadana;  con el aumento de las penas que trae la Ley de seguridad al fenómeno de la delincuencia juvenil el problema estaba  resuelto. Ley que el actual director ni siquiera conoce. según lo escuchado en los medios de comunicación.

 

En una investigación reciente demostré que el Estado colombiano no ha tenido la capacidad de evitar que los niños y adolescentes incurran en delitos o actos de violencia, razón por la cual el fenómeno tiende a aumentar, ya que pasamos de una tasa promedio de 5.9% de aprehensión de niños/adolescentes por la Policía Nacional en la década de los 70-80-90, al 16% entre los años 2005 a 2007, ascendiendo en un 150%, lo que me permite afirmar que tanto las reformas al sistema de justicia penal para adolescentes antes de la vigencia del actual  Código de la Infancia y la Adolescencia; así como el diseño de las políticas públicas de niñez y la aprobación  de dos Conpes en los años 1991 y 2010 respectivamente, no han dado respuesta a la prevención y disminución de la delincuencia de adolescentes.

 

Esto se confirma con las tasas de aprehensión de adolescentes que han infringido la Ley penal en los últimos 30 años; en 1985 la tasa por 100.000 niños, en el rango de 7 a 18 años de edad  es de 56.5% niños aprehendidos; en 1989 descendió a 46,3%; aumentó nuevamente en 1991 a 174,1%, y solo descendió de nuevo en 1993 que estuvo en 91,9%. La situación más crítica se presentó a  inicios de la presente década, donde alcanzamos tasas de 441,6% niños en 2002, de 1032,8% en el 2005, de 1017,3% en el 2006, terminando el 2007 con una tasa de 767,3% niños aprehendido, tasas que se han mantenido en estos últimos  años,  sin que el Estado haya podido bajar con sus tales reformas.

 

Lo que muestra que en 1985 un niño cometía 5,26 delitos promedio por día, en 1991 el promedio llegó a 16,29 delitos por día, en 1999 llegó a 18,25 delitos, a inicios del presente siglo 2002 se disparó a 48,43 delitos por día, en el 2004  a 82,76, en el 2006  la tasa llego a  117,99 delitos por día. En consecuencia, los índices demuestran  que un niño comete  aproximadamente 5 delitos por hora, situación bastante preocupante y  lo más triste es que se mantiene,  sin que con la actual política del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y su Sistema se pueda garantizar la prevención de la delincuencia juvenil.

 

Por lo tanto el Estado tiene que entrar en una política de choque tendiente a desactivar dicha bomba, como son los fenómenos  que la generan: la pobreza, el acceso a la educación, la violencia intrafamiliar, la ineficacia de la justicia y la inoperancia del ICBF.

 

En consecuencia, el Estado debe permitir el acompañamiento de  Naciones Unidas en la elaboración de una política pública de prevención, como lo exigen los estándares internacionales de Derechos Humanos,  teniendo en cuenta su experiencia e idoneidad en el manejo de indicadores  y soluciones en esta materia tan sensible y vulnerable para la población colombiana.

 

 

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(*) Ex Procurador Delegado Para la Defensa de la Familia, Infancia y Adolescencia. Autor de varios libros en materia de Derecho de Familia. Profesor Académico U. Andes, Nacional, Santo Tomás y Libre.