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POR OCTAVIO QUINTERO
Alejandro Ordoñez Maldonado. Foto www.elespectador.com
Prometió el Procurador General, Alejandro Ordoñez, enviar una carta al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, recordándole su obligación de respetar la Constitución y la Ley, a raíz de la propuesta de Petro de crear, a manera experimental, unos centros de consumo controlado de droga para tratar a los adictos.
La advertencia del Procurador es de por sí interesante –inclusive sin conocer los términos de la nota- porque nos va a ilustrar en excelso estilo jurídico cómo es que, con los mismos argumentos, sin quitarle una coma, podemos recordarle al Procurador su obligación de cumplir con la Constitución y la Ley.
Es evidente la rebeldía del Procurador contra la Corte Constitucional que ha asegurado en reiteradas oportunidades el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo, cuando sea fruto de una violación o incesto; cuando haya malformación del feto o cuando conlleve peligro a la vida o la salud de la embarazada.
Y existen testimonios fehacientes de que el Procurador ha montado en la Procuraduría centros, tal vez incontrolados, de consumo de fe en lo que no vemos porque Dios lo ha revelado, adición espiritual que enferma tanto o más que cualquiera adición corporal.
Por ejemplo, no se sabe de saña alguna de algún adicto a la droga contra otro que no sea, como sí se sabe de la saña con que en épocas de triste historia humana la Iglesia persiguió a los herejes y ateos, reducto tardío de la compulsión idólatra en el Procurador.
No tiene autoridad moral el Procurador para recordarnos la obligación de respetar la Constitución y la Ley, porque esa misma constitución y ley le prohíben abusar de su cargo para imponer una doctrina única en un país con libertad de culto.
Abusa más de la Constitución y la Ley quien está investido de autoridad para protegerla, y él mismo la viola, que quien jura cumplirla y no lo hace, si para el caso, paráramos en la misma balanza al Procurador y a Petro.
No darnos la oportunidad de ver cómo sería el comportamiento de un adicto a la droga en acción, bajo control profesional, sería tanto como no darnos la oportunidad de explorar otras formas de combatir el narcotráfico distintas a la fuerza bruta que, ya sabemos, no es suficiente.
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POR OCTAVIO QUINTERO
Imagen www.pixmac.es
Santos es el Presidente de la República de Colombia, y no una mala réplica de entrenador de equipo futbol, en donde los jugadores se quedan si son buenos o se van si son malos.
Por eso es inexcusable que el Presidente le responda a los medios de comunicación que la decisión de que el ministro de Transporte (Miguel Peñalosa) “se quede o se vaya, está en manos de la Procuraduría”.
¿Qué tal esa? ¿O sea que el Presidente de la República está nombrando a sus principales colaboradores a la topa tolondra? No me vengan a decir que un Presidente no tiene un mecanismo de información suficientemente amplio y confiable para saber en un momento dado a quién nombra. Es lo mínimo que se le puede pedir al más inexperto jefe de personal de cualquier incipiente empresa.
En nombre de todos los electores de este país, no se puede aceptar eso como excusa de un Presidente que va por mitad de camino y ya tiene el sol a las espaldas.
Inclusive resulta comprensible que un funcionario público “se tuerza” una vez nominado, por aquello de que “humanos somos”…
Vean: toda comparación es odiosa, y ésta más… Podría apostarse con buena probabilidad de acertar que ninguno de los torcidos funcionarios de Uribe que ahora andan entre rejas, o sacándole al bulto a la cárcel, llegaron a los cargos a hacer lo que hicieron en contra de la ley. Es casi seguro que fueron inducidos por el Número Uno, como dijeron en su momento ante los estrados judiciales varios de los paramilitares extraditados, sin que hasta el momento hayamos podido traer de lo tácito a lo concreto ese conocidísimo Número Uno.
Por eso, que un Presidente de Estado nombre un ministro al que pocos días después le descubren que tiene una empresa de familia (PyG) con cerca de 1.700 contratos con la nación, es un exabrupto imperdonable si lo nombró él, y si se lo impusieron, también.
¿O sea que, para el caso, tiene más capacidad de información confidencial el cuerpo investigativo del periodista de Semana, Daniel Coronel, que el Estado colombiano, todo al servicio del Presidente?
No, rotundamente no. El Presidente tenía que saber quién era Miguel Peñalosa y, precisamente, por saberlo, fue que lo nombró. Eso lo hace el Presidente de la República y cualquier otro “Patrón” (ahora que está tan de moda el epíteto): nombrar a las personas porque se sabe lo que son y, por tanto, de qué pueden servir.
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Fin de folio: Ahora que andan haciendo balance de mitaca a Santos, pudiéramos filosofar con el docto vulgo en eso que dice: “Dime con quién andas y te diré quién eres”…
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POR OCTAVIO QUINTERO
Capitolio. www.eltiempo.com
La independencia de los congresistas en sus decisiones legislativas se rodea de una garantía extrema, como esa de que no puedan ser incriminados por las opiniones o votos que emitan en el ejercicio de sus funciones.
Esto era válido cuando los congresistas eran paladines políticos, y más allá de sus afectos emotivos, mantenían inexpugnable alianza con sus ideologías, fueran las que fueran, equivocadas o no, esto no viene ahora al caso.
Pero hoy en día, mantener la inmunidad parlamentaria, es rodear a los congresistas de absoluta irresponsabilidad, al extremo en que, como vemos, soportamos por ahí pavoneándose a los malandrines que asaltaron hace poco la Constitución Nacional y, en la nueva legislatura se acomodan en sus marcas, como ese que ahora preside, nada más ni nada menos, que la misma comisión de la Cámara donde se definen las reformas constitucionales: el zorro cuidando el gallinero.
El pragmatismo aplicado a la política ha liquidado los principios ideológicos en el sentido en que ya no se defienden ideas sino intereses particulares; y en el mejor de los casos, grupales, generalmente aquellos de mayor capacidad económica, capaces de hacer votar al legislador en la dirección que le señalen.
En aras de dicha inmunidad, el Congreso de Colombia ha poblado la legislación nacional de normas socialmente criminales como los modelos económico y de salud; o esas sucesivas reformas constitucionales que nos han venido entronizando un Estado Neoliberal, donde la eficiencia está por encima de la equidad y el bien particular prevalece sobre el interés general.
Desmontar la inmunidad parlamentaria, obligando a los congresistas a cantar el voto, podría darnos la oportunidad (a los electores) de quitarles esa hoja de parra con que siguen escondiéndonos sus impúdicas alianzas.
Por defender a uno, y no más de un puñado de honestos (que los hay), no podemos seguir siendo víctimas de una cauda de legisladores convertidos en guardia pretoriana de unos gobiernos ladrones.
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Fin de folio: Si hemos llegado al extremo social de judicializar el robo por hambre, ¿por qué no permitir también que se judicialice esa irresponsabilidad política que nos ha llevado, precisamente, a este estado de indefensión social?
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